Maricarmen, desahuciada a los 87 años tras siete décadas en su casa de Retiro

La mañana del 23 de septiembre terminó donde nadie quería mirar: en la puerta de un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que había pasado más de siete décadas de su vida.

El lanzamiento se ejecutó después de meses de aplazamientos y movilizaciones. La vecina, con movilidad reducida y en silla de ruedas, había afrontado varios intentos anteriores de desalojo mientras el caso se convertía en un símbolo de la tensión por el alquiler en el barrio de Retiro.

Desde la noche anterior, decenas de personas se concentraron frente al número 46 para acompañarla. Hubo quienes pasaron la noche en la calle, junto al portal, esperando que la presión vecinal lograra detener una operación que llevaba tiempo anunciada y que finalmente siguió adelante.

A primera hora llegaron los efectivos policiales y comenzó el despeje de los accesos. La escena acumuló empujones, forcejeos y momentos de tensión entre los agentes y quienes trataban de permanecer frente al edificio para impedir que la comisión judicial alcanzara la vivienda.

La operación avanzó hasta el interior del inmueble y terminó con la salida de Maricarmen en camilla. La imagen condensó el desenlace de una disputa larga: una mujer de 87 años, agotada y frágil, abandonando el lugar que había sido su casa desde mediados del siglo pasado.

El origen de su vínculo con el piso se remonta a 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Tras la muerte de sus progenitores, Maricarmen continuó allí y sostuvo durante décadas una vida entera ligada a esas habitaciones y a las calles del distrito.

Con el paso del tiempo, el alquiler se encareció hasta una cifra que no podía asumir con su pensión. La última renta comunicada, de 1.650 euros mensuales, dejó a la inquilina ante una exigencia muy por encima de sus ingresos y sin una alternativa habitacional resuelta.

La defensa de Maricarmen había pedido que se esperara a la resolución de un recurso relacionado con la ONU. También se plantearon fórmulas para cubrir temporalmente el pago, incluida la oferta de una donante anónima, pero ninguna de esas vías frenó la orden de lanzamiento.

El desahucio de este miércoles no fue un episodio aislado ni repentino. Antes hubo suspensiones judiciales y fechas aplazadas, una sucesión de treguas que alimentó la esperanza de una salida. Cada nuevo señalamiento devolvía, sin embargo, la misma amenaza al portal de Sainz de Baranda.

La concentración reunió a vecinos, activistas y personas que conocieron el caso durante la campaña de apoyo. Para muchos, la expulsión de Maricarmen no solo afectaba a una inquilina concreta: mostraba hasta qué punto una subida de renta puede romper la continuidad de una vida en el propio barrio.

En torno al edificio, el despliegue policial dejó una estampa de calles cortadas por la tensión y de personas retiradas del acceso. La resistencia no evitó el desalojo, pero hizo visible el respaldo que había crecido alrededor de la vecina durante los meses previos a este cuarto intento.

La ejecución judicial pone fin a la permanencia de Maricarmen en ese piso, pero no borra las preguntas que el caso deja abiertas. Una anciana que había vivido allí desde joven quedó fuera de su hogar mientras seguía sin conocerse una solución estable para su situación residencial.

En Retiro, donde la vivienda se ha convertido en una frontera cada vez más cara, el desenlace tuvo un peso que desbordó una sola escalera. La historia de Maricarmen atravesó la calle porque combinaba edad, arraigo y una renta imposible, tres elementos que hicieron del desahucio una herida pública.

Cuando la camilla cruzó el portal, la batalla por impedir el lanzamiento ya había terminado. Quedó la multitud, el ruido de la mañana y la ausencia de quien había habitado aquel piso durante 71 años. La casa siguió en pie; la vida que contenía tuvo que salir por la fuerza.