Caso Cuarteles: el veredicto que deja a un teniente general frente a la sentencia
Nueve voces encerraron años de sospechas en una respuesta unánime. El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables de cohecho al teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon, en el llamado caso Cuarteles.
El veredicto no equivale todavía a una sentencia firme, pero fija el escenario que afrontan ambos acusados. El magistrado que presidió el juicio debe redactar ahora la resolución judicial, mientras las defensas han anunciado que recurrirán y las acusaciones mantienen sus peticiones de pena.
La causa examinó un sistema de adjudicaciones para obras de mejora en instalaciones de la Guardia Civil. En el centro del procedimiento aparece la relación entre quien ocupaba una posición clave en la gestión de recursos del cuerpo y un constructor que obtuvo encargos en distintas comandancias.
El jurado considera probado que Vázquez Jarava favoreció a Tejera de León para que sus empresas recibieran contratos de obra. Aquellas intervenciones se presentaban como soluciones para fachadas y humedades, con trabajos de impermeabilización y aplicación de corcho proyectado en acuartelamientos.
La cifra que sobrevuela el caso ronda los 1,4 millones de euros en contratos obtenidos durante 2016. El veredicto sitúa esa contratación en un periodo en el que el entonces alto mando ejercía como subdirector general de Apoyo, con competencias sobre recursos materiales y económicos.
La acusación sostenía que la aparente rutina de aquellas reparaciones escondía una cadena de favores. El constructor habría compensado al general con viajes, estancias hoteleras, regalos y dinero en efectivo, una contraprestación que el jurado ha considerado acreditada de forma unánime.
Entre los beneficios examinados figuran desplazamientos vinculados a finales de la Champions League disputadas en Milán y Cardiff. También se incluyeron estancias para el acusado y su familia, un cobertor para una piscina y entregas de efectivo que superaron los 39.000 euros.
El fallo del jurado apunta igualmente a la ejecución de parte de las obras. La valoración recoge que varias intervenciones fueron realizadas de forma inadecuada y que el empresario carecía de la técnica necesaria para aplicar el material con el que se pretendía impermeabilizar las fachadas.
La investigación no nació de una sola factura ni de un incidente aislado. Las irregularidades analizadas se remontan a 2016 y 2017, aunque el procedimiento se prolongó durante años antes de llegar a juicio. Esa distancia temporal también ha sido invocada por las defensas al pedir una rebaja de pena.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares han sostenido su petición de un año de prisión para cada acusado por cohecho. El jurado se ha mostrado contrario a la suspensión de la pena o a una eventual solicitud de indulto, aunque la decisión final corresponde al tribunal.
Vázquez Jarava se convirtió en el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado por corrupción. Su rango añade un peso singular al veredicto, porque no se trata solo de contratos en edificios públicos, sino de la cúpula que administraba una parte decisiva de los recursos del instituto armado.
Las comandancias que siguieron las indicaciones del alto mando quedaron integradas en una trama que el jurado da por probada. La resolución describe cómo la amistad entre ambos acusados se cruzó con decisiones de contratación y con beneficios privados que ahora marcan el núcleo del caso.
El proceso no termina con el anuncio del veredicto. Falta la sentencia, quedan abiertos los recursos y persiste el debate sobre los controles en la contratación de obras públicas. Pero la unanimidad del jurado dibuja ya una frontera judicial difícil de ignorar para los dos declarados culpables.
El caso Cuarteles deja una imagen incómoda: instalaciones que necesitaban reparación, fondos destinados a resolver problemas reales y una relación privada que, para el jurado, contaminó las decisiones. Tras años de investigación, el silencio del tribunal ha sido roto por una palabra que pesa: culpables.
