El Gobierno vuelve a aprobar los decretos de vivienda tras el revés del Congreso
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar dos reales decretos ley sobre vivienda apenas unos días después de que el Congreso los rechazara. El Ejecutivo recupera así un paquete de 21 medidas en un momento marcado por la crisis de acceso a la casa, la tensión del alquiler y el adelanto de las elecciones generales.
La nueva decisión no borra el golpe político anterior. Los textos decayeron en el pleno del Congreso, pero el Gobierno ha optado por llevarlos de nuevo a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria mientras las Cortes están disueltas. Allí se decidirá si el paquete logra el respaldo definitivo.
El primer decreto concentra la mayor parte de las medidas y añade una cifra que busca dominar el debate: 10.000 millones de euros para financiar préstamos del Instituto de Crédito Oficial. El objetivo es cubrir parte de la entrada de una primera vivienda para personas con ingresos estables que no hayan podido reunir ahorro suficiente.
Esos préstamos podrán alcanzar los 50.000 euros, no tendrán intereses y estarán vinculados a la compra de la vivienda habitual. La ayuda se plantea para distintas generaciones, no solo para jóvenes, y prevé un retorno a largo plazo una vez satisfecha la hipoteca. La promesa intenta abrir una puerta donde la entrada se ha convertido en un muro.
El paquete también incorpora 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada. La intención declarada es acortar plazos y aumentar la oferta de vivienda disponible, una de las claves de un mercado donde la demanda sigue presionando sobre precios y alquileres.
A esa partida se suman 400 millones para proveedores de vivienda social. El Gobierno sostiene que ese fondo puede reforzar la promoción de pisos asequibles y acompañarse de la adquisición de miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para incorporarlos a Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda.
En materia de alquiler, el texto principal mantiene la posibilidad de ampliar hasta dos años los contratos que estén próximos a finalizar, siempre que los inquilinos estén al corriente de pago y cumplan los requisitos previstos. También conserva límites a la actualización de las rentas y deducciones fiscales relacionadas con el alquiler.
Los pequeños propietarios aparecen igualmente en el diseño del decreto. El Ejecutivo plantea incentivos fiscales para quienes arrienden a precios asequibles y una cobertura pública de ciertas costas e intereses cuando se paralice un desahucio que afecte a una familia vulnerable sin alternativa habitacional.
Otra de las modificaciones anunciadas endurece las restricciones a la compra de viviendas por fondos de inversión con fines especulativos. La norma amplía la definición aplicable y reduce excepciones, mientras mantiene una limitación temporal para determinadas adquisiciones realizadas por debajo de un porcentaje del valor de tasación.
El texto prevé además reglas para la publicidad de las viviendas en alquiler. La oferta deberá informar del índice de referencia del precio cuando proceda, del límite de renta en las zonas sometidas a regulación y de la condición de gran tenedor del arrendador. La información se convierte así en una pieza más de la batalla por el mercado.
La regulación del alquiler de temporada y por habitaciones vuelve a estar dentro del paquete, junto con cambios para combatir el fraude y con la subida del IVA a los pisos turísticos. El Gobierno defiende que esos alojamientos deben tributar como una actividad económica cuando funcionan, en la práctica, como un negocio.
El segundo decreto contiene la prórroga automática de los contratos de alquiler cuando termine su duración ordinaria, salvo excepciones ligadas a la necesidad de uso por parte del propietario. Su recorrido es más incierto: el propio Gobierno admite que no entrará en vigor de inmediato y lo vincula a la convalidación parlamentaria.
La aritmética de la Diputación Permanente será decisiva. El primer texto tiene más opciones de reunir apoyos, mientras que el dedicado a la renovación automática de los alquileres afronta resistencias políticas conocidas. La reaprobación en el Consejo de Ministros abre el siguiente capítulo, pero no garantiza el desenlace.
La vivienda vuelve así al centro de una disputa que mezcla protección social, fiscalidad, oferta y estrategia electoral. Las nuevas cifras y ajustes cambian el contorno del paquete, aunque su efecto real dependerá de la convalidación y de una aplicación que todavía deberá concretarse. Por ahora, los decretos han regresado al tablero.
