El Pare Manyanet demanda a las familias de Kira López y Óscar García: un nuevo frente judicial
La herida que dejó la muerte de Kira López vuelve a abrirse en Barcelona. La congregación titular de los colegios Pare Manyanet ha presentado una demanda civil contra su familia, contra la de Óscar García y contra la asociación Trencats, fundada por el padre de Kira. El conflicto entra así en una fase judicial distinta, marcada por acusaciones enfrentadas y por una reclamación económica.
La acción se dirige contra los familiares de dos antiguos alumnos fallecidos por suicidio: Kira López, que tenía 15 años cuando murió en 2021, y Óscar García Turón, que murió en 2019 a los 21 años. La congregación sostiene que determinadas manifestaciones públicas habrían lesionado su honor e imagen. La reclamación civil planteada asciende a 70.000 euros.
Kira estudió en el centro Pare Manyanet de Sant Andreu. Sus padres han defendido durante años que la adolescente no recibió la protección adecuada frente al acoso que, a su juicio, padecía. La vía penal relativa a su muerte fue archivada, mientras la familia promovió después una demanda de responsabilidad civil que mantiene abierto otro recorrido judicial.
La demanda conocida ahora no se limita a los padres de Kira. También incluye a los progenitores de Óscar García y a Trencats, una asociación vinculada a la defensa de familias afectadas por situaciones graves en el ámbito escolar. La congregación afirma que busca protegerse de acusaciones que considera falsas, graves y dañinas para la institución.
La representación de las familias rechaza esa interpretación y sostiene que sus clientes expresan el dolor de lo ocurrido y reclaman que se investiguen los hechos. La distancia entre ambas versiones es absoluta: una parte sitúa el debate en el derecho al honor; la otra, en la necesidad de esclarecer responsabilidades y en la libertad de las familias para denunciar lo que consideran fallos institucionales.
El caso de Kira ya había atravesado otros capítulos judiciales. La familia presentó una acción civil contra el centro por la gestión del presunto acoso y de episodios de violencia docente que denuncia. Hay una vista señalada para enero de 2027, un horizonte que mantiene el expediente lejos de un cierre definitivo y prolonga la tensión que rodea a la comunidad educativa.
La familia de Óscar García también ha planteado públicamente sus sospechas sobre lo que pudo ocurrir durante la etapa del joven en el colegio. Óscar ya no era alumno cuando murió. Sus allegados han vinculado sus reclamaciones a una posible falta de esclarecimiento sobre presuntos abusos por parte de un profesor, extremos que forman parte de su posición pública en este conflicto.
La congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, titular de los centros Pare Manyanet, mantiene que colaboró con las investigaciones y que no puede permanecer al margen de acusaciones de encubrimiento. La demanda nace de publicaciones y de un vídeo realizado ante uno de los colegios, hechos que la institución considera especialmente lesivos.
La demanda también recupera la sombra de procedimientos anteriores. Hace dos años, el colegio presentó una querella por injurias y calumnias contra los padres de Kira. Aquel litigio fue sobreseído inicialmente en abril de 2026, pero la congregación recurrió y se acordaron nuevas diligencias de investigación. El mapa judicial, por tanto, tiene varios frentes aún abiertos.
En el trasfondo figura además el caso de Joaquim Calvet, exrector del Pare Manyanet de Sant Andreu, condenado en 2023 por posesión de más de 35.000 archivos de pornografía infantil en un ordenador corporativo. La defensa de las familias ha señalado ese antecedente al cuestionar que la institución atribuya el deterioro de su reputación únicamente a las declaraciones de los demandados.
Nada de lo que se discute en este nuevo procedimiento resuelve por sí solo el fondo de la muerte de Kira ni las preguntas de la familia de Óscar. La demanda civil abre un debate separado sobre el alcance de las declaraciones públicas, la crítica a una institución educativa y los límites legales del derecho al honor cuando el conflicto parte de pérdidas irreparables.
La cifra reclamada añade presión a familias que llevan años exponiendo su duelo en los tribunales y en espacios públicos. Para la congregación, el proceso pretende frenar afirmaciones que considera sin fundamento. Para la defensa de los demandados, la acción judicial agrava el sufrimiento de quienes buscan respuestas. Ambos relatos ahora deberán ser examinados dentro de un procedimiento civil.
El conflicto trasciende a las partes porque vuelve a colocar bajo examen cómo responden las instituciones educativas ante denuncias de acoso, violencia o abusos. Cada expediente tiene sus propias pruebas y resoluciones, pero el caso muestra la dificultad de separar el dolor de las familias, la responsabilidad que estas reclaman y la defensa jurídica de un centro que niega las acusaciones.
La nueva demanda no cierra la historia: la vuelve más compleja. Mientras avanza la causa civil promovida por los padres de Kira y siguen pendientes otros procedimientos, las familias, Trencats y la congregación quedan ligadas a otro litigio. En ese cruce de duelos, reputación y responsabilidades, la justicia tendrá que decidir qué afirmaciones están amparadas y cuáles pueden generar reparación.
