La acampada de Sol sigue tras caer los decretos: el Sindicato de Inquilinas apunta a una huelga general
La Puerta del Sol no se vació cuando el Congreso tumbó los decretos de vivienda. La caída de las medidas convirtió la plaza en el centro de una respuesta inmediata: quienes llevan días acampados decidieron prolongar la protesta y mantener visible un conflicto que ya no cabe en los discursos parlamentarios.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid situó la continuidad de la acampada en el mismo plano que su siguiente objetivo: avanzar hacia una huelga general por la vivienda. La consigna no apareció como un cierre, sino como la promesa de que la movilización puede cambiar de escala después del revés político.
La jornada estaba marcada por la votación de dos decretos aprobados días antes por el Gobierno. El rechazo anunciado por varios grupos parlamentarios había cargado de tensión las horas previas, mientras la acampada afrontaba su sexta noche y una marcha salía desde Sol hacia las inmediaciones del Congreso.
Alicia del Río, una de las portavoces del sindicato, presentó la derrota de los textos como un límite para las respuestas mínimas a la crisis de vivienda. Su intervención sostuvo que el malestar acumulado en los alquileres, los desahucios y la precariedad no desaparece con una votación y vuelve a empujar a la calle.
El llamamiento a la huelga general no equivale a una convocatoria con fecha cerrada. El sindicato plantea abrir ese camino junto a otras organizaciones y trasladar la presión a las manifestaciones convocadas durante el fin de semana en distintas ciudades, con Madrid como uno de los focos centrales de la protesta.
La acampada había nacido tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y fue creciendo hasta reunir a numerosos colectivos. Durante la semana, las tiendas, las asambleas y los turnos de apoyo transformaron el kilómetro cero en una presencia permanente contra la crisis habitacional y sus consecuencias cotidianas.
Con los decretos ya rechazados, la plaza quedó atravesada por una decisión compleja. Parte de la militancia del Sindicato de Inquilinas anunció que reducirá progresivamente su presencia para retomar trabajo en los barrios, sin abandonar el proceso de movilización ni el horizonte de una huelga por la vivienda.
El resto de personas acampadas expresó una posición distinta: sostener el campamento e incluso ampliarlo si la llegada de participantes lo hace necesario. Esa diferencia no borra el objetivo compartido de mantener la presión, pero deja una escena abierta sobre quién asumirá el pulso diario en la plaza durante los próximos días.
La protesta no se limitó a las tiendas instaladas en Sol. La marcha hacia el Congreso reunió a personas que querían seguir de cerca la votación y convertir la distancia entre ambas sedes en un recordatorio físico de que la discusión sobre vivienda tiene una traducción directa en los hogares y en los barrios.
La continuidad del campamento llegó acompañada de momentos de tensión en el centro de Madrid. Un grupo de jóvenes lanzó gritos que provocaron la reacción de parte de los concentrados, y la Policía Nacional estableció un cordón en la calle Alcalá antes de que la situación se calmara y la protesta regresara a la plaza.
El fracaso de los decretos reordena ahora el relato de la acampada. Lo que empezó como una respuesta urgente a un desahucio y a la escalada del alquiler se presenta como un intento de tejer una alianza más amplia, con sindicatos laborales, movimientos sociales y redes vecinales alrededor del derecho a la vivienda.
La convocatoria del sábado plantea una movilización desde varios puntos de Madrid hasta Cibeles y se integra en una jornada con protestas anunciadas en otras ciudades. Para el Sindicato de Inquilinas, esa cita debe servir para medir la fuerza acumulada y convertir la frustración por la votación en organización sostenida.
No hay una fecha definida para una huelga general ni una solución inmediata sobre la continuidad material de la acampada. Sí hay una decisión política clara: el sindicato sostiene que, después del rechazo parlamentario, la presión no se retirará de la calle y buscará nuevas formas de extenderse fuera de Sol.
La plaza permanece como una imagen incómoda de un conflicto sin resolver. Entre quienes quieren conservar las tiendas y quienes regresan a los barrios para organizar el siguiente paso, la protesta deja una advertencia: la derrota de los decretos no ha cerrado la crisis de vivienda; ha abierto una fase de mayor incertidumbre y movilización.
