La UE cuestiona la regularización migratoria de España en la cumbre de Bruselas
Bruselas amaneció con una grieta política abierta en torno a España. La cuestión migratoria volvió a ocupar el centro de la cumbre europea y colocó a Pedro Sánchez ante críticas directas por la regularización extraordinaria impulsada por su Gobierno.
El debate no se limitó a una diferencia técnica sobre procedimientos. Varias capitales reclamaron una respuesta más dura frente a las llegadas irregulares y situaron la decisión española en el corazón de una discusión que ya atraviesa a toda la Unión Europea.
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, pidió a la Comisión Europea que examine las consecuencias de que un Estado adopte una política distinta a la que defienden otros socios. Sus palabras elevaron el tono antes de la reunión de líderes.
La dirigente danesa cuestionó el plan para regularizar a cientos de miles de personas que viven en situación administrativa irregular. Su reproche apuntó al posible efecto de esa medida sobre el resto de países y sobre la política común de migración.
Giorgia Meloni se alineó con esa presión política. Italia y Dinamarca llegaron a la cita con una posición más restrictiva y con la intención de discutir el control de las fronteras exteriores, los retornos y el margen de actuación de cada Estado.
La tensión se produce después de meses de choques por la crisis migratoria de Ceuta. La cumbre ha expresado apoyo a España ante aquella situación, pero esa solidaridad no ha borrado las discrepancias sobre cómo gestionar las llegadas y las regularizaciones.
En el fondo del enfrentamiento aparece una Europa dividida entre quienes priorizan el endurecimiento de los controles y quienes defienden combinar la vigilancia fronteriza con integración, derechos y vías de regularización para quienes ya residen en el país.
Sánchez acudió a Bruselas dispuesto a defender su decisión con datos y a reivindicar que España combate la inmigración irregular. El presidente sostiene que su modelo puede ser responsable y solidario sin renunciar a la cooperación europea.
La discusión también alcanzó el texto de conclusiones de los Veintisiete. Las negociaciones se volvieron especialmente sensibles porque el lenguaje elegido puede marcar el rumbo político de la Unión en uno de sus asuntos más explosivos.
Las críticas no equivalen por sí solas a una sanción europea ni a una revisión automática de la norma española. Sí muestran que la regularización se ha convertido en un foco de presión dentro de la cumbre y en un asunto con repercusión continental.
La Comisión Europea queda en una posición delicada: debe sostener la coordinación entre los Estados miembros mientras afronta las demandas de gobiernos que reclaman medidas más severas. El equilibrio entre soberanía nacional y política común vuelve a quedar expuesto.
El episodio revela que la migración sigue siendo una de las grandes líneas de fractura de la Unión. Cada llegada, cada decisión nacional y cada crisis fronteriza alimentan un debate donde los gobiernos mezclan seguridad, economía, derechos humanos y cálculo electoral.
Para España, el coste inmediato es político. El Gobierno tendrá que explicar en Bruselas que su estrategia no perjudica al conjunto de los socios, mientras intenta mantener el respaldo europeo frente a la presión migratoria que afecta a Ceuta y Melilla.
La cumbre concluye con el conflicto abierto. La regularización española permanece bajo el foco, las posturas siguen alejadas y la próxima discusión migratoria llegará con una pregunta intacta: hasta dónde puede decidir cada país cuando la frontera afecta a todos.
