Piden cinco años de cárcel por estafar 18.700 euros a un amigo con discapacidad en Cantabria
La amistad que debía servir de refugio acabó convertida, presuntamente, en una vía para vaciar unos ahorros. Dos personas que eran pareja se enfrentan en Cantabria a una petición de cinco años de prisión cada una por una estafa que habría dejado a un amigo con discapacidad sin recursos.
La cantidad que centra la acusación asciende a 18.700 euros. No se trata de una operación aislada ni de un único movimiento: el relato fiscal describe una dinámica sostenida durante meses, con visitas al domicilio de la víctima y una presión orientada a que entregara su patrimonio.
El hombre afectado padece hipoacusia, retraso madurativo y discapacidad intelectual leve. Esas circunstancias ocupan un lugar central en el procedimiento, porque la acusación sostiene que los procesados conocían su situación y se aprovecharon de su especial vulnerabilidad.
La Fiscalía describe una actuación conjunta de los acusados. La relación de confianza previa habría permitido que entraran en el entorno cotidiano de la víctima y que la convencieran para realizar entregas de dinero que, con el paso del tiempo, agotaron prácticamente sus ahorros.
Una parte relevante del perjuicio habría quedado registrada en transferencias. Cerca de 10.000 euros fueron enviados a la cuenta de uno de los acusados y otros 5.700 euros llegaron a la cuenta de la otra procesada, siempre dentro del mismo esquema investigado.
A esas operaciones bancarias se suman entregas en efectivo. La acusación cifra esos pagos en unos 3.000 euros y sostiene que fueron realizados en numerosas ocasiones, un goteo que habría completado el despojo económico hasta alcanzar los 18.700 euros reclamados.
El alcance del perjuicio salió a la luz cuando la madre de la víctima comprobó la situación económica de su hijo. El hombre se había quedado sin dinero disponible para sus necesidades más básicas, hasta el extremo de no contar con efectivo para pagar el autobús.
La acusación califica los hechos como un delito de estafa de especial gravedad. También aprecia la agravante de discriminación por discapacidad, al entender que la vulnerabilidad intelectual de la víctima no fue una circunstancia secundaria, sino el elemento explotado para obtener el beneficio.
La petición de pena es de cinco años de cárcel para cada acusado y una multa de 5.400 euros. Además, se reclama que indemnicen al perjudicado con los 18.700 euros que presuntamente salieron de sus ahorros durante el periodo descrito en el escrito de acusación.
El caso todavía no ha llegado al momento de una sentencia. La solicitud de condena expone la posición de la Fiscalía y los hechos deberán ser examinados en sede judicial, con las garantías propias del proceso y la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo previo.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria tiene prevista una vistilla para el miércoles 7 de octubre a las 9.30 horas. En esa cita las partes podrán explorar una conformidad; si no la alcanzan, el procedimiento continuará hacia la celebración del juicio.
El expediente retrata una pérdida que no se mide solo en una cifra. Los 18.700 euros eran la práctica totalidad del patrimonio de la víctima, de modo que el supuesto engaño habría tenido consecuencias directas sobre su autonomía y su capacidad de afrontar los gastos cotidianos.
La causa vuelve a situar la confianza en el centro de una acusación por estafa. La cercanía entre las personas investigadas y el perjudicado es, precisamente, el contexto que la Fiscalía considera decisivo para explicar cómo se habrían sucedido las transferencias y las entregas en efectivo.
Ahora la respuesta queda en manos de la justicia. La vista prevista en Cantabria marcará el siguiente paso de un caso en el que se discute si una amistad fue utilizada para convertir la vulnerabilidad de un hombre en una pérdida total de sus ahorros.
