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Amnistía denuncia 61 casos de uso excesivo de la fuerza policial en la huelga del 11N

La huelga por la vivienda del 11 de noviembre vuelve bajo una acusación concreta: Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes pacíficos y periodistas. La organización presentó su denuncia este 20 de noviembre y exige conocer los resultados de las investigaciones.

El trabajo reúne observaciones sobre el terreno, vídeos de la jornada y 24 entrevistas a víctimas y testigos. Con ese material, Amnistía describe intervenciones de distintos cuerpos policiales y reclama que las pesquisas sean independientes y lleguen también a quienes dieron las órdenes.

Entre los episodios señalados aparecen golpes de porra contra personas que no representaban una amenaza. La organización denuncia impactos en la cabeza y otras zonas superiores del cuerpo, además de golpes contra participantes que estaban de espaldas, se alejaban de los agentes o permanecían en el suelo.

El espray pimienta ocupa otro lugar central en la denuncia. Amnistía describe su aplicación contra grupos pacíficos y, en ocasiones, desde una distancia muy corta. La documentación incluye también disparos de pelotas de goma por la espalda y gases lanzados contra una multitud que tenía dificultades para salir.

La organización considera que la jornada fue mayoritariamente pacífica, aunque reconoce episodios de violencia, especialmente en Barcelona. Su denuncia distingue esos incidentes de la conducta del resto de participantes: sostiene que no justificaban extender la fuerza a quienes protestaban sin ejercer violencia.

En Madrid, el recorrido de la tarde debía terminar en la Plaza de España. La marcha avanzaba por la Gran Vía cuando un cordón de la Policía Nacional y varios furgones cortaron el paso a buena parte de los asistentes, un bloqueo que Amnistía sitúa antes de la dispersión de la multitud.

La denuncia describe a personas que no entendían por qué no podían continuar y que no recibieron avisos claros para dispersarse. Después llegaron las cargas, las porras, los botes lacrimógenos y las pelotas de goma, mientras la presencia policial limitaba las salidas por las calles cercanas.

En ese entorno, Amnistía recoge testimonios de quemazón y problemas para respirar entre los asistentes. El señalamiento se centra en el uso de gas sobre una multitud pacífica encapsulada, sin las condiciones de aviso y salida segura que la organización considera indispensables para emplearlo.

La ONG invoca la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos para recordar los efectos indiscriminados del gas lacrimógeno. Su utilización, subraya, debe quedar como último recurso ante una violencia generalizada que no pueda afrontarse actuando contra las personas concretas que la ejercen.

La documentación incluye también agresiones a periodistas identificables que cubrían la huelga. Amnistía pide proteger su trabajo y que los agentes lleven una identificación visible; entre las medidas reclamadas figura investigar las intervenciones y hacer públicas sus conclusiones con detalle.

El anuncio de Interior de revisar el uso del espray pimienta recibe una valoración positiva de Amnistía, pero la organización lo considera insuficiente. Su petición abarca el conjunto del armamento menos letal utilizado en protestas y exige revisar tanto sus reglas de empleo como la preparación de los agentes.

Para los botes lacrimógenos, la organización reclama un protocolo público. Mientras se permita su uso, pide avisos comprensibles, tiempo para abandonar el lugar y vías de salida seguras, además de impedir su lanzamiento contra multitudes encerradas o directamente hacia las personas.

Las porras y las pelotas de goma también quedan bajo examen. Amnistía pide reservar las primeras para amenazas de daño inminente y excluir golpes en cabeza, cuello y parte superior del cuerpo. Reclama prohibir las segundas por su imprecisión y, mientras sigan utilizándose, evitar dispararlas a corta distancia o contra quienes huyen.

La exigencia final apunta a la responsabilidad por lo ocurrido: investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, resultados públicos y revisión de las órdenes impartidas. Nueve días después de la huelga, Amnistía reclama que los 61 casos documentados conduzcan a respuestas verificables y a cambios en la actuación policial.

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