La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales

La querella contra Julio Iglesias ha cruzado la puerta del juzgado. Este 18 de noviembre, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite las acusaciones de dos antiguas trabajadoras y ha abierto una investigación por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
El magistrado Antonio Piña ha considerado suficiente el relato detallado de las querellantes para iniciar las pesquisas. Sus testimonios aportan un principio de prueba que permite investigar lo denunciado, sin que la apertura del procedimiento convierta las acusaciones en hechos probados.
El propio auto marca ese límite: admitir la querella no supone pronunciarse sobre la credibilidad de las mujeres. La decisión permite examinar sus acusaciones en una investigación penal; Julio Iglesias conserva la presunción de inocencia.
Las dos querellantes están citadas para declarar presencialmente el próximo 3 de febrero de 2027. Esa comparecencia sitúa una fecha concreta en el nuevo recorrido judicial de unos hechos que las mujeres atribuyen al tiempo que trabajaron para el cantante.
Las denunciantes aparecen identificadas como Rebeca y Laura, nombres utilizados para proteger su identidad. Una trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta, dos puestos distintos dentro del entorno doméstico y profesional del artista.
Las mujeres sitúan los hechos denunciados en 2021, en las propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas. Ese escenario fuera de España ha sido una de las cuestiones centrales del caso: qué tribunales podían investigar sus acusaciones.
En sus testimonios, las antiguas empleadas describen presuntas situaciones de acoso y agresiones sexuales. Atribuyen al cantante un aprovechamiento de su posición de poder y denuncian condiciones laborales que califican de abusivas y degradantes.
La admisión de la querella es parcial. El instructor ha abierto la investigación por los presuntos delitos sexuales, lesiones y trato degradante, pero ha dejado fuera los de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también se planteaban.
Para rechazar la investigación por trata, el juez aprecia que no hay indicios suficientes de engaño, artificio o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Esa valoración delimita una de las acusaciones que no seguirá adelante en este procedimiento.
La exclusión de los presuntos delitos laborales tiene otra explicación en el auto: los hechos se sitúan en Bahamas y República Dominicana, donde el instructor señala que no existe un tipo penal equivalente al contemplado en la legislación española.
El recorrido había comenzado meses antes. En enero de 2026, las dos mujeres acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional con sus acusaciones. Aquella primera vía no desembocó entonces en una investigación judicial contra el cantante.
La Fiscalía archivó sus diligencias al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia sobre los hechos denunciados en el extranjero. El cierre se apoyó en esa cuestión de jurisdicción, que se convirtió en un obstáculo para las denunciantes.
Las antiguas trabajadoras presentaron después la querella directamente ante el juzgado. En esa nueva fase, la Fiscalía cambió de criterio y defendió que la Justicia española podía investigar el caso, antes de que el instructor resolviera admitirlo parcialmente.
Ahora queda abierta una investigación con tres grupos de presuntos delitos y una próxima cita para escuchar a las querellantes. El auto del 18 de noviembre permite empezar a esclarecer sus acusaciones; todavía no establece responsabilidad penal ni contiene una condena contra Julio Iglesias.






