Ayuso acusa a Sánchez de permitir la acampada de Sol tras 38 días de protesta
La madrugada del 3 de noviembre terminó la acampada de la Puerta del Sol. Horas después, Isabel Díaz Ayuso acusó a Pedro Sánchez de haber permitido durante 38 días una ocupación que la presidenta madrileña calificó de ilegal.
La protesta había nacido para defender el derecho a la vivienda. Tras el desalojo, el enfrentamiento pasó a las responsabilidades políticas: Ayuso situó al presidente del Gobierno en el centro de sus reproches por la permanencia del campamento.
La dirigente extendió sus acusaciones a Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en Madrid. A ambos les atribuyó responsabilidad por los actos violentos y los daños al patrimonio que denunció durante la ocupación de la plaza.
En su intervención, Ayuso también sostuvo que la acampada había puesto en peligro la Real Casa de Correos e impedido su funcionamiento normal. Esas afirmaciones formaron parte de su denuncia política tras la retirada del campamento.
El comercio de la zona ocupó otro lugar en sus críticas. La presidenta afirmó que las pérdidas superaban los 30 millones de euros, una cifra que presentó como consecuencia de la acampada y que corresponde a su valoración del perjuicio económico.
Ayuso agradeció la actuación de la nueva delegada del Gobierno, Enma López, y de los cuerpos de seguridad. Su intervención combinó ese reconocimiento por el desalojo con la acusación de que el Ejecutivo había consentido la situación anterior.
En las redes sociales, la presidenta acompañó su reacción con dos fotografías del desmontaje. Las imágenes mostraban enseres en la vía pública y tiendas de campaña abandonadas, utilizadas por Ayuso para denunciar suciedad y desperfectos.
La reacción incluyó su conocido lema sobre comunismo y libertad. Con él, la presidenta dio un encuadre ideológico a las imágenes de la plaza y a su reproche contra Sánchez por las semanas de permanencia del asentamiento.
El balance de la Delegación del Gobierno cifró en 334 las personas desalojadas durante la madrugada. Dos fueron detenidas por presunta desobediencia y resistencia; las detenciones corresponden a una parte del conjunto de personas retiradas.
La versión de la Delegación describió una operación sin disturbios ni episodios de violencia. Ese balance se refería al desarrollo del dispositivo de aquella madrugada, mientras las acusaciones de Ayuso abarcaban las semanas anteriores.
La intervención reunió a 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid. Los 400 efectivos participaron en el dispositivo que puso fin a la permanencia de los acampados en la plaza.
Bomberos y Servicios Sociales también participaron en la actuación. A la salida de las personas siguió el desmontaje de las instalaciones, una fase que ya estaba en marcha cuando Ayuso difundió su reacción durante la mañana.
La Delegación del Gobierno defendió el desalojo como un último recurso tras una actuación gradual. La institución sostuvo que la protesta había perdido su carácter reivindicativo inicial y había derivado en alteraciones del orden público.
La acampada terminó con dos detenciones y 334 personas desalojadas, pero la discusión sobre sus 38 días continuó. Ayuso atribuyó responsabilidades a Sánchez y Martín; la Delegación justificó la intervención por la evolución de la protesta.
