Desahucian a Raquel y a su padre de 87 años con cáncer en Carmona

Raquel salió llorando de la casa en la que había vivido desde niña. Este martes 10 de noviembre, un juzgado de Carmona, en Sevilla, ejecutó el desahucio de esta mujer de 49 años, víctima de violencia de género, y de su padre Antonio, de 87 años y enfermo de cáncer.

Los agentes de la Guardia Civil llegaron alrededor de las once y media de la mañana para cumplir la orden judicial. A las puertas de la vivienda esperaban decenas de vecinos y activistas que habían acudido para acompañar a la familia e intentar frenar su salida.

Hacia las doce y cincuenta, Raquel y Antonio abandonaron el inmueble sin una alternativa habitacional. La vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales no había evitado el lanzamiento, y ambos tuvieron que dejar la casa donde llevaban años viviendo.

Antonio tiene reconocida una discapacidad del 75 % y necesita una vivienda adaptada. La casa que acababa de perder estaba acondicionada para sus necesidades, de modo que encontrar otro techo también exige resolver las condiciones en las que podrá vivir.

El anciano padece un mieloma múltiple y debe acudir tres veces por semana al Hospital Virgen Macarena para recibir quimioterapia. La pérdida de la vivienda se suma así a una rutina de tratamiento que requiere desplazamientos frecuentes y cuidados continuados.

Minutos después de que padre e hija salieran, la expareja de Raquel llegó acompañada de su abogado y entró en la vivienda. El hombre figura tanto en las escrituras como en la hipoteca, una titularidad compartida que está en el origen del conflicto por la casa.

La vivienda había pertenecido a los abuelos de Raquel, que decidieron venderla cuando se hicieron mayores. Ella residía allí desde los ocho años y quiso comprarla; su pareja de entonces insistió en aparecer también en los documentos de propiedad y del préstamo.

Aquella relación había empezado cuando Raquel tenía dieciséis años. La convivencia terminó hace nueve años y la ruptura abrió una disputa por el uso y la titularidad del inmueble. La casa familiar quedó desde entonces ligada a un conflicto judicial prolongado.

En el proceso de separación, Raquel aceptó que el uso de la casa se alternara cada tres meses. Ese acuerdo la obligaba a buscar alojamiento fuera durante los turnos de su expareja, mientras el inmueble seguía siendo el centro de la vida familiar.

Raquel sostiene que continuó pagando la hipoteca incluso cuando no podía residir allí y necesitaba costear otro alquiler. También denuncia daños en la vivienda y en sus pertenencias durante las ausencias, unas acusaciones que forman parte de su relato del conflicto.

La familia ya había sufrido un desalojo en 2019 y pudo regresar en abril de 2020. La madre de Raquel, gravemente enferma, volvió entonces a la casa para pasar sus últimos días, un antecedente que une la disputa por la vivienda a otra pérdida familiar.

En 2022 se abrió otro procedimiento de desalojo que quedó suspendido por una causa penal de violencia de género contra la expareja. El pasado julio, el juzgado reactivó el proceso al considerar que esa causa ya no justificaba mantenerlo detenido.

La familia recurrió la decisión, pero recibió la notificación para abandonar el inmueble este 10 de noviembre. Días antes, Raquel había pedido ayuda para encontrar una solución habitacional y retrasar la salida; este martes, la orden terminó ejecutándose.

Los vecinos que acudieron a apoyarlos permanecieron junto a la familia durante una mañana de lluvia. Antonio llegó a encontrarse dentro de un vehículo tras el desalojo. Al salir de la casa, Raquel y su padre seguían sin tener confirmado otro lugar donde instalarse.