Granada: una familia lleva más de un año sin dormir por los ladridos nocturnos de un perro
La noche dejó de ser un refugio para una familia de un municipio de Granada. Desde septiembre de 2025, los ladridos de un perro se repiten, aseguran, hasta romper el descanso de quienes viven al lado. El problema no se limita a una molestia puntual: la familia afirma que se ha convertido en una rutina que atraviesa casi cada madrugada.
La vecina afectada sostiene que el ruido ha ido desgastando la calidad de vida de todos los miembros de la casa. En su reclamación describe una convivencia marcada por despertares, cansancio acumulado y la sensación de que el problema sigue intacto cuando cae la noche. Entre los afectados hay un bebé de siete meses.
La familia comenzó a comunicar la situación al Ayuntamiento y a requerir la intervención de la Policía Local. Las llamadas no quedaron, siempre de acuerdo con el relato de la denunciante, en simples avisos telefónicos: los agentes comprobaron las molestias y elaboraron un informe en el que constaría el incumplimiento de la ordenanza municipal.
Con ese recorrido ya iniciado, la vecina presentó varias instancias ante el Consistorio para exigir una respuesta. El paso del tiempo fue elevando la tensión: cada trámite abierto parecía alejar la solución mientras el ruido continuaba. La afectada también acudió personalmente a dependencias municipales para conocer el estado del expediente.
En abril de 2026, la Junta de Gobierno Local acordó incoar un expediente sancionador contra la propietaria del animal. El acuerdo le concedía quince días hábiles para formular alegaciones. Era el primer movimiento formal frente a una denuncia que la familia llevaba meses intentando que tuviera una consecuencia efectiva.
Pero la vecina sostiene que, una vez vencido ese plazo, el procedimiento quedó detenido durante meses sin una resolución visible. Mientras esperaba, las noches siguieron marcadas por los ladridos que denuncia. Esa distancia entre la apertura del expediente y una medida concreta es el núcleo de la queja que elevó fuera del Ayuntamiento.
La reclamación llegó al Defensor del Pueblo Andaluz como un último intento de romper la parálisis. La mujer planteó que había seguido los cauces disponibles y colaborado con la Administración, pero que no recibía una respuesta capaz de proteger el descanso de su familia. La denuncia ya no hablaba solo de ruido, sino de indefensión.
Tras conocer el caso, la institución solicitó información al Ayuntamiento. La respuesta municipal fue el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que acreditaba la apertura del expediente sancionador por una posible infracción de la ordenanza de convivencia y prevención de vandalismo en espacios públicos.
Esa comunicación bastó para que la Defensoría diera por atendida la queja y cerrara su intervención. El cierre, sin embargo, no equivale a una solución definitiva para quienes denuncian el problema. La institución constató que se había activado un procedimiento; la familia mantiene que el sonido continúa alterando sus noches.
El contraste entre ambos planos deja una escena inquietante: existe un expediente, pero no una resolución conocida que haya puesto fin a la situación denunciada. Para la familia, el paso administrativo no ha cambiado aún la experiencia cotidiana. El perro sigue ladrando de noche, aseguran, y el cansancio sigue entrando en casa.
Los conflictos por ruidos de animales suelen quedar atrapados entre la convivencia privada y las competencias municipales. Para que una queja avance, cuentan las comunicaciones a la policía, los informes, las ordenanzas aplicables y la tramitación de cada expediente. En este caso, todos esos pasos están presentes, pero la vecina cuestiona su eficacia real.
El descanso no es un asunto menor cuando la interrupción se prolonga durante meses. La familia describe el problema como una carga que afecta al sueño y al ritmo de vida de adultos y menores. El hecho de que haya un bebé en la vivienda añade una dimensión especialmente delicada a unas noches que, dicen, llevan demasiado tiempo quebradas.
La apertura de un expediente sancionador tampoco anticipa por sí sola el desenlace. Puede terminar con una medida, con una sanción o con otras decisiones derivadas de la instrucción. Lo que la familia reclama es que el procedimiento no se convierta en otro tramo de espera mientras persisten las molestias que motivaron la denuncia.
Por ahora, el caso queda suspendido entre una respuesta administrativa formal y una rutina doméstica que la vecina describe como insoportable. La queja ante el Defensor ya está cerrada, pero no la incertidumbre. Cada noche en que vuelven los ladridos recuerda que el expediente no ha devuelto todavía el silencio que la familia busca desde 2025.
