Vox plantea revisar la nacionalidad de 300.000 españoles de origen marroquí
Vox plantea revisar la nacionalidad de más de 300.000 españoles de origen marroquí. La propuesta sitúa bajo sospecha ciudadanías concedidas durante la última década, en plena campaña electoral.
El programa para las elecciones del 29 de noviembre promete revisar concesiones fraudulentas. Fuentes de la formación extienden esa acusación a las nacionalizaciones de ciudadanos marroquíes.
La cifra reúne más de 30.000 concesiones anuales de media. El mínimo de esa década corresponde a 2017, con 17.082; el máximo llegó en 2023, cuando fueron nacionalizadas 54.027 personas.
Abascal defendió el 4 de noviembre que la ausencia de un tratado de doble nacionalidad con Marruecos revelaba un fraude. Su argumento cuestiona la efectividad de la renuncia a la ciudadanía anterior.
La declaración de renuncia es precisamente lo que exige el artículo 23 del Código Civil español. Ese requisito no equivale a presentar un decreto marroquí que certifique la pérdida efectiva de nacionalidad.
El Gobierno ha explicado, al responder a Vox, que carece de habilitación legal para exigir esa prueba. La diferencia resulta decisiva: declarar la renuncia y conseguir su reconocimiento extranjero son actos distintos.
La legislación marroquí contempla la pérdida de nacionalidad, pero la condiciona a una autorización formalizada mediante decreto. Obtener otra ciudadanía no desencadena automáticamente ese procedimiento.
Así aparece una doble condición de hecho: España reconoce como español al nacionalizado mientras Marruecos puede seguir considerándolo marroquí. Esa persistencia no demuestra por sí sola una falsedad.
La obtención mediante falsedad sí permite hablar de fraude. Conservar la ciudadanía marroquí por el funcionamiento de sus trámites constituye una situación conocida por la Administración española, no una prueba automática.
Existe además una garantía de consolidación: diez años de posesión y uso continuado, de buena fe y con base registral, protegen la nacionalidad incluso si se anula el título que la originó.
El programa también propone endurecer el acceso a la ciudadanía. La residencia legal exigida con carácter general es de diez años, aunque para los nacionales iberoamericanos se reduce a dos.
Otra propuesta alcanza al dinero enviado a las familias: Vox plantea gravar las remesas de los inmigrantes. La medida figura en un programa que, al mismo tiempo, anuncia reducciones de impuestos.
La formación quiere reservar el ingreso mínimo vital a españoles y restringir servicios a extranjeros en situación irregular. Entre las medidas aparecen límites al alquiler, al empadronamiento y a la atención sanitaria.
La revisión anunciada sigue siendo una propuesta política. El punto decisivo está en los requisitos legales: la acusación general de fraude no acredita que cada nacionalización se obtuviera mediante falsedad.
