Niño víctima de bullying en Vizcaya: sin traslado y obligado a volver al mismo colegio por falta de plazas
A un mes del arranque del curso, una familia de Las Encartaciones vive con el calendario clavado en la garganta: su hijo, víctima de acoso escolar, sigue sin plaza en otro centro y todo apunta a que volverá a compartir pasillos con el menor al que señala como agresor.
El caso estalló después de meses de insultos, amenazas y agresiones físicas que, según el relato familiar, dejaron al niño atrapado en un deterioro visible, con ansiedad, insomnio y seguimiento psiquiátrico para contener unas secuelas que ya desbordaron el aula.
La familia sostiene que el menor guardó silencio durante un tiempo y no fue hasta enero cuando logró contar con detalle el calvario que sufría dentro del colegio, un paso que cambió por completo la dimensión del problema dentro y fuera de casa.
Tras conocer lo ocurrido, los padres comunicaron la situación al centro y reclamaron una respuesta que protegiera de inmediato al niño, pero aseguran que el hostigamiento no desapareció con la rapidez ni con la contundencia que esperaban.
Meses después, el colegio activó el protocolo antiacoso y adoptó algunas medidas internas, entre ellas evitar que ambos coincidieran en determinados espacios, una solución parcial que no disipó el temor de la familia ante el siguiente curso.
El núcleo de la denuncia es ahora otro: la petición de traslado urgente a uno de los tres centros solicitados fue rechazada, siempre según la versión trasladada por la familia, porque no existen plazas disponibles en esos colegios.
La respuesta administrativa les remite al calendario ordinario de matriculación de febrero de 2027 para intentar un cambio de cara al curso 2027-2028, un horizonte que para los padres resulta insoportable porque obliga al niño a resistir otro año en el mismo entorno.
Con septiembre ya encima, la familia advierte de que mantener al menor en ese colegio supone poner en riesgo su integridad emocional y física, después de un episodio que, aseguran, ya ha dejado consecuencias clínicas y una ruptura profunda de su sensación de seguridad.
Por ese motivo presentaron una queja ante el Ararteko, el Defensor del Pueblo Vasco, al considerar que el traslado debería tratarse como una medida urgente de protección y no como un trámite aplazable al ritmo normal de la burocracia educativa.
La dimensión del caso también reabre una herida conocida en Euskadi: qué ocurre cuando una víctima necesita salir del foco de violencia y el sistema no ofrece una respuesta material inmediata, aunque el protocolo ya haya reconocido que existe un conflicto grave.
Aquí no se discute solo una plaza escolar, sino el margen real de defensa que tiene un menor cuando la convivencia en su centro ha quedado rota y su familia interpreta que cada día de espera agranda el daño que ya arrastra desde hace meses.
El relato que ha trascendido sitúa el punto más oscuro en esa contradicción: el niño necesita distancia para rehacer su rutina, dormir y volver a entrar en clase sin miedo, pero la falta de vacantes convierte esa salida en una puerta cerrada.
Mientras no haya un cambio, el próximo curso se perfila como una cuenta atrás angustiosa para una familia que no pide una mejora académica ni una elección de conveniencia, sino una separación efectiva del escenario donde sitúan el origen del sufrimiento del menor.
En ese pulso contra el tiempo, la decisión final marcará mucho más que un expediente escolar: dirá si la protección llega antes que el daño vuelva a repetirse o si el niño tendrá que regresar al mismo lugar donde, según su denuncia, empezó la pesadilla.
