Alicante: víctimas de la dana protestan contra la «impunidad» de Mazón
La tarde cayó sobre Alicante con una herida que no pertenece solo a Valencia. Frente a la Casa de las Brujas, sede del Consell en la ciudad, asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 llevaron su protesta mensual fuera de la provincia valenciana por primera vez.
La movilización reunió a familiares, damnificados y representantes de entidades sociales y sindicales. Todos compartían una misma reclamación: que el paso de veintitrés meses no convierta la tragedia en un recuerdo administrable ni deje sin respuesta las decisiones tomadas durante la emergencia.
La dana dejó 232 personas fallecidas y dos desaparecidas, una cifra que sigue atravesando cada pancarta y cada intervención. Para quienes acudieron a Alicante, aquellos nombres no son un balance cerrado, sino la medida de una ausencia que continúa en casas, barrios y pueblos enteros.
El lugar elegido tenía un significado directo. Carlos Mazón mantiene en Alicante su oficina como expresident y conserva su acta de diputado autonómico, una condición que las asociaciones cuestionan al entender que prolonga el aforamiento mientras avanza la investigación sobre la gestión de las riadas.
Las voces de la concentración reclamaron verdad, justicia y prevención. No era una consigna aislada: resumía la exigencia de esclarecer lo ocurrido, reparar a quienes perdieron familiares o bienes y evitar que una nueva alerta llegue cuando la gente ya no tenga margen para protegerse.
Durante el acto se leyeron veintitrés afirmaciones, una por cada mes transcurrido desde la catástrofe. Entre los mensajes se recordó el retraso con el que llegó el ES-Alert, un punto que los convocantes consideran central al reconstruir las horas en que el agua cambió la vida de miles de personas.
Las asociaciones también reprocharon el silencio mantenido por Mazón en su segunda comparecencia ante la comisión del Congreso que analiza la gestión de la dana. La protesta trasladó ese malestar a la calle con una demanda insistente de responsabilidades políticas y judiciales, sin anticipar el resultado de ninguna causa.
El acto comenzó alrededor de las seis de la tarde y concentró a personas llegadas desde zonas afectadas, además de colectivos alicantinos. La presencia de más de doscientas entidades convocantes mostró que la movilización ya no se limita a los municipios golpeados por el temporal, sino que busca sostener una memoria compartida.
En las pancartas apareció una acusación rotunda contra la impunidad y una petición de prisión para el expresident. Esas frases expresan la posición de los asistentes y el dolor acumulado, no una sentencia: las responsabilidades penales se dirimen en los tribunales, mientras la calle reclama que no se diluya el debate público.
La protesta incluyó música de dolçaina y tabal, un acompañamiento que no rebajó la gravedad de la escena. Entre consignas y silencios, el acto convirtió una plaza alicantina en un espacio de duelo y de exigencia, a un mes de que se cumplan dos años desde el temporal que devastó parte de la Comunitat Valenciana.
El traslado a Alicante buscaba señalar que el desastre no quedó encerrado en la Horta Sud ni en los mapas de las zonas inundadas. Las víctimas insisten en que la respuesta ante fenómenos extremos debe afectar a toda la Comunitat Valenciana, desde la planificación preventiva hasta los protocolos de aviso y coordinación.
También pesaba la sensación de que la reconstrucción material no resuelve por sí sola lo ocurrido. Recuperar calles, comercios o viviendas resulta imprescindible, pero las asociaciones recuerdan que hay familias que siguen esperando explicaciones sobre decisiones concretas tomadas durante una jornada en la que cada minuto podía ser decisivo.
Alicante se convirtió así en el escenario de una reclamación que combina memoria y futuro. Las víctimas no solo pidieron que se investigue lo sucedido en 2024; exigieron que los municipios estén preparados para afrontar nuevos episodios meteorológicos severos y que las alertas lleguen con tiempo útil para salvar vidas.
Cuando la concentración terminó, la demanda siguió suspendida sobre la ciudad: justicia para quienes murieron, reparación para quienes sobrevivieron y prevención para que el próximo temporal no encuentre a la población otra vez sin margen. Veintitrés meses después, el duelo continúa convertido en presencia pública.
