La acampada por Maricarmen supera las 400 tiendas en Sol y espera una respuesta política

La Puerta del Sol amaneció el 28 de septiembre convertida en una ciudad improvisada. Más de 400 tiendas de campaña, una cifra que seguía creciendo, ocupaban la plaza después de la movilización nacida tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Bajo las lonas no había solo una protesta: había una espera tensa ante la respuesta que los concentrados reclaman a las instituciones.

La acampada tomó forma al terminar la manifestación por la vivienda del sábado y mantuvo su pulso durante la segunda noche. El caso de Maricarmen, expulsada de la casa en la que había vivido durante décadas, se convirtió en el detonante de una movilización más amplia contra los desahucios y la dificultad de acceder a un alquiler estable en Madrid.

El lema «Maricarmen somos todas» se repetía entre quienes llegaban con sacos, esterillas o alimentos. La consigna resumía la intención de los participantes: evitar que la historia de una mujer mayor desahuciada quedara reducida a un episodio aislado. Para la acampada, su nombre funciona como símbolo de una crisis que afecta a inquilinos de edades y barrios muy distintos.

La plaza se organizó desde primera hora con turnos de limpieza, reparto de comida y espacios para descansar. Había bocadillos de jamón y queso, opciones veganas, café y mesas levantadas con aportaciones de personas anónimas. La logística cotidiana sostuvo una concentración que creció sin una infraestructura fija y que dependía de relevos constantes para no agotarse.

Entre las tiendas también se sucedieron pequeñas asambleas y conversaciones sobre alquileres imposibles. Algunos jóvenes explicaban que habían tenido que mudarse lejos de sus trabajos porque no podían asumir los precios de Madrid. Esa distancia diaria, el temor a la subida de la renta y la fragilidad de los contratos aparecían como el fondo común de una protesta que ya no hablaba solo de un desalojo.

La comparación con el 15-M recorrió la acampada desde el primer momento. Quince años después de aquella ocupación de Sol, la imagen de cientos de tiendas volvió a cargar la plaza de memoria política. Quienes participaron entonces y quienes eran demasiado jóvenes para recordarlo encontraron en ese precedente una referencia para resistir, organizarse y mantener visible el conflicto.

Los convocantes exigen la aprobación de un llamado decreto Maricarmen. Entre sus reclamaciones figuran contratos de alquiler indefinidos, la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional y medidas contra el uso fraudulento de contratos de temporada o de habitaciones. También plantean una intervención sobre los precios en un contexto que describen como una emergencia de vivienda.

La fecha que concentra la expectativa es el martes, cuando esperan que el Gobierno dé un paso concreto sobre esas demandas. La acampada ha advertido de que no se irá si no percibe avances. Esa condición transforma las tiendas en algo más que un campamento de fin de semana: son una presión sostenida en el centro de la capital, a pocos metros de las instituciones a las que interpelan.

La protesta arrancó tras una marcha multitudinaria convocada bajo el lema «Ni una Maricarmen más». Las cifras de asistencia variaron entre la estimación oficial y la de los organizadores, pero la capacidad de reunir a miles de personas dejó una imagen difícil de ignorar. Al caer la noche, una parte de esa multitud decidió quedarse en la plaza y prolongar el conflicto hasta el amanecer.

En Sol, las cámaras, los curiosos y los turistas convivían con quienes habían decidido pasar la noche al raso. Algunos se acercaban a preguntar; otros dejaban comida o material. La escena combinaba la rutina de una plaza atravesada por el tránsito con el nervio de una movilización que buscaba interrumpir esa normalidad y obligar a mirar una herida que suele permanecer tras las puertas cerradas de una vivienda.

Los portavoces del movimiento insisten en que el desahucio de Maricarmen no puede entenderse como un caso excepcional. Lo sitúan junto a los problemas de quienes encadenan contratos breves, pagan alquileres que devoran sus ingresos o temen no poder renovar su casa. La acampada intenta conectar esos relatos dispersos y convertirlos en una exigencia política reconocible y urgente.

La resistencia no está exenta de desgaste. Dormir en la calle, cubrirse de la lluvia y mantener el reparto de tareas exige un esfuerzo que se renueva cada pocas horas. Sin embargo, el ambiente descrito por los participantes mezcla cansancio e ilusión. La continuidad depende de que lleguen relevos, recursos y personas dispuestas a sostener una plaza que ya se ha convertido en punto de encuentro.

El caso de Maricarmen ha dejado una pregunta suspendida sobre la plaza: qué ocurre cuando una persona mayor pierde la casa que ha habitado durante buena parte de su vida. Para quienes acampan, esa pregunta no termina con el desalojo. Se prolonga en cada tienda levantada y en la demanda de que nadie sea expulsado sin una alternativa habitacional real.

Al final del día, Sol seguía llena de lonas, conversaciones y carteles. La acampada esperaba que la presión de la calle se tradujera en medidas, mientras el futuro inmediato dependía de una respuesta aún incierta. La plaza no ofrecía una solución, pero sí una imagen rotunda: cientos de personas habían decidido quedarse para que el nombre de Maricarmen no se apagara cuando desaparecieran las cámaras.