Caso Marta del Castillo: el informe del móvil abre una nueva disputa entre colegios
El teléfono de Miguel Carcaño vuelve a situarse en el centro de una batalla judicial que se desarrolla lejos del lugar donde desapareció Marta del Castillo. Esta vez el foco no está en una búsqueda, sino en quién pudo intervenir como perito y con qué respaldo profesional.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha recibido un escrito del decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. El documento cuestiona que la ausencia de una titulación informática permita sostener por sí sola una acusación penal por intrusismo.
La reacción ha llegado desde el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que mantiene su iniciativa contra Manuel Huerta, responsable de Lazarus Technology. Su decano ha recurrido la incorporación de ese escrito al procedimiento y reclama que se examine con otra perspectiva.
La controversia nace del informe pericial realizado sobre el móvil de Carcaño, un terminal antiguo intervenido en prisión. El análisis se incorporó a las diligencias ligadas a la búsqueda del cuerpo de Marta, desaparecida desde enero de 2009, y convirtió aquel dispositivo en una pieza sensible.
El colegio de informática sostiene que existen indicios para continuar la causa por presunto intrusismo profesional agravado. Su posición parte de que las tareas de peritaje informático son propias de una profesión con preparación específica y de que el autor del informe no tendría la titulación exigida.
En una fase anterior, esa misma organización pidió que el asunto avanzara hacia un procedimiento abreviado y una posible apertura de juicio. La solicitud se dirigía contra Huerta por su participación en el examen técnico del teléfono, no contra Miguel Carcaño ni contra la condena ya firme por el asesinato.
La respuesta del ámbito de los ingenieros industriales introduce un matiz decisivo: discutir la calidad, la cualificación o la designación de un perito no equivale automáticamente a probar un delito. El debate se desplaza así del titular a los actos concretos realizados y a la norma aplicable.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática ha respaldado esa exigencia de precisión, pero no ha renunciado a cuestionar la intervención. Su comunicado pide aclarar si el escrito industrial era una objeción jurídica limitada o un aval de la aptitud técnica del perito.
La diferencia importa porque una pericia sobre un teléfono no consiste solo en manejar una herramienta. La preservación del dispositivo, la extracción de datos, el método de análisis, la interpretación y la firma de las conclusiones forman parte de una cadena que puede ser revisada en sede judicial.
También pesa la forma en que se acredita la experiencia. La discusión enfrenta la preferencia legal por peritos titulares con la posibilidad procesal de recurrir a personas que posean conocimientos o práctica especial. Ninguna de esas dos ideas resuelve por sí sola el conflicto abierto en Sevilla.
El caso adquiere una dimensión especialmente delicada porque el informe se vinculó a un intento de reconstruir movimientos relevantes en una noche que sigue llena de sombras. El cuerpo de Marta del Castillo no ha sido localizado y cada avance técnico despierta expectativas que exigen un control extremo.
Las organizaciones enfrentadas coinciden, sin embargo, en un límite: la calificación penal corresponde al órgano judicial. Será el juzgado quien deba valorar el contenido del informe, la intervención personal de quienes lo elaboraron y el alcance real de las titulaciones invocadas por cada parte.
La nueva disputa no reabre el juicio por el asesinato ni altera la condena de Carcaño. Abre otro frente, más técnico y jurídico, sobre la fiabilidad de una prueba que pretendía aportar luz a la búsqueda y que ahora queda rodeada por preguntas sobre su autoría y su respaldo profesional.
Diecisiete años después de la desaparición de Marta, el expediente sigue acumulando capas de incertidumbre. El móvil que podía ayudar a ordenar los últimos movimientos conocidos se ha convertido en el origen de una controversia paralela, donde la competencia profesional y la verdad procesal vuelven a chocar.
