Pedro Sánchez promete llevar el «decreto Maricarmen» al Consejo de Ministros tras el desahucio
El desahucio de Maricarmen Abascal ha dejado de ser únicamente la historia de una mujer expulsada de la vivienda en la que había pasado décadas. Su petición pública ha entrado de lleno en la agenda del Gobierno y ha colocado el próximo Consejo de Ministros bajo una presión difícil de disimular.
Pedro Sánchez respondió este 27 de septiembre al vídeo difundido por Maricarmen con una promesa concreta: el Ejecutivo trabaja contrarreloj para llevar el martes un real decreto ley sobre vivienda. El anuncio llega después de días de protestas y de una indignación que no ha dejado de crecer en Madrid.
Maricarmen, de 87 años, fue desalojada del piso madrileño donde había vivido más de siete décadas. El episodio terminó con su ingreso hospitalario por un cuadro de agotamiento severo y convirtió su nombre en el símbolo de una crisis que atraviesa a miles de hogares vulnerables.
En su mensaje, la mujer pidió que el Consejo de Ministros aprobara una norma que fuera el primer paso para impedir que otros desalojos repitieran su historia. La petición no se limitaba a recuperar una casa perdida: reclamaba cambiar el mecanismo que permitió que aquella puerta se cerrara tras ella.
La respuesta del presidente sitúa el foco en el martes, pero no despeja el obstáculo principal. Un decreto ley necesita después la convalidación del Congreso, y Sánchez reclamó a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para evitar que la promesa se convierta en otro texto bloqueado.
El Gobierno presenta esa posible norma como una salida para aliviar la emergencia habitacional de personas mayores, familias vulnerables y quienes sufren el encarecimiento de los alquileres. Sin embargo, todavía no se conoce el articulado definitivo ni el alcance exacto de las medidas que llegarían a la mesa del Ejecutivo.
La palabra decreto se ha instalado en las calles junto al nombre de Maricarmen. La manifestación celebrada el sábado en Madrid derivó en una acampada en la Puerta del Sol, donde los participantes exigen una respuesta que frene los desahucios y limite el peso de los grandes propietarios sobre la vivienda.
La movilización también ha elevado la tensión dentro de la coalición. Sumar ha advertido de que no aceptará una medida simbólica y reclama actuaciones más profundas contra los fondos que acumulan inmuebles, mientras el PSOE busca una fórmula capaz de reunir apoyos suficientes en la Cámara.
Junts y el PNV han mostrado disposición a estudiar el decreto, aunque han planteado condiciones y matices. Esa aritmética obliga al Ejecutivo a caminar sobre un terreno estrecho: el texto debe responder a la demanda social sin perder la posibilidad de ser convalidado por una mayoría parlamentaria.
Sánchez vinculó el anuncio con una apelación a la humanidad y sostuvo que no debería reducirse a una disputa ideológica. La frase intenta convertir el caso de Maricarmen en una llamada política más amplia, pero deja abierta la pregunta decisiva: qué protección real ofrecerá la norma cuando llegue el martes.
El caso se produjo después de años de procedimientos y aplazamientos que habían deteriorado la salud de Maricarmen. La imagen de una mujer de edad avanzada dejando su hogar en situación de extrema debilidad ha acelerado un debate que llevaba meses atascado entre desacuerdos y cálculos parlamentarios.
La vivienda se ha convertido así en una prueba inmediata para el Gobierno. No bastará con anunciar que el decreto se llevará al Consejo de Ministros: deberá concretar medidas, aprobarlas y lograr que sobrevivan al Congreso. Cada uno de esos pasos puede alterar el alcance final de la respuesta.
Para quienes mantienen la acampada y acompañaron a Maricarmen, la fecha del martes no es un cierre, sino un límite. La presión seguirá sobre el Ejecutivo mientras no exista una solución que impida que la vulnerabilidad, la edad o la falta de alternativa habitacional terminen otra vez en un desalojo.
La promesa de trabajar contrarreloj abre una semana de negociación y expectativa. Maricarmen ya ha perdido su casa, y ese hecho no cambia con un anuncio. Lo que se decida ahora determinará si su nombre queda ligado a una reacción política concreta o a otra oportunidad aplazada ante la crisis de vivienda.
