Ayuso denuncia penalmente a Francisco Martín por la acampada de Sol
La disputa por la Puerta del Sol suma una denuncia penal. Este 30 de octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ha llevado al exdelegado Francisco Martín ante la Justicia por su actuación frente a la acampada.
El asentamiento cumple 34 días en el centro de Madrid. La continuidad de las tiendas sostiene el enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno, ahora con una acusación dirigida contra su anterior responsable.
La denuncia se ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha comunicado el paso judicial después de la reunión del Consejo de Gobierno.
El escrito atribuye al exdelegado dos presuntos delitos: prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. La Comunidad cuestiona que no actuara para desalojar la plaza y que no frenara los hechos que denuncia en el campamento.
Entre esos hechos, García Martín ha citado agresiones físicas y sexuales, armas y daños patrimoniales. Son acusaciones expuestas por el portavoz autonómico; su enumeración no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.
El consejero también ha aludido a posibles delitos de odio y a amenazas e injurias contra Ayuso. La ofensiva regional reúne así las reclamaciones de seguridad en la plaza y las denuncias por ataques dirigidos contra la presidenta.
El Gobierno regional ya había acudido a la vía contencioso-administrativa para reclamar el levantamiento del asentamiento. Esa actuación previa perseguía el desalojo; la nueva denuncia señala personalmente al exdelegado.
García Martín ha recordado además las diligencias abiertas por la Fiscalía tras otra denuncia autonómica por posibles delitos de odio, injurias y daños al patrimonio. Son actuaciones previas a la denuncia penal anunciada este viernes.
La nueva acción llega después de una carta de Francisco Martín que pedía a los acampados abandonar Sol. El portavoz regional ha insistido en reclamar el desalojo y ha atribuido a la protesta perjuicios para los comerciantes.
Tres días antes, el 27 de octubre, José Luis Martínez-Almeida había anunciado otra iniciativa penal desde el Ayuntamiento. El alcalde señaló al mismo exdelegado durante el Pleno municipal por permitir la ocupación de la plaza.
Aquel anuncio municipal estaba condicionado al vencimiento del requerimiento administrativo enviado a la Delegación. Almeida explicó que esperaría a que terminara ese plazo y actuaría si para entonces seguía instalada la acampada.
El alcalde también reconoció que el Ayuntamiento carecía de competencias para ordenar el desalojo que reclamaba. Su intervención expresó la presión municipal sobre la Delegación, mientras defendía que el Consistorio actuaba dentro de sus atribuciones.
En ese Pleno, Vox exigió medidas para acabar con el asentamiento. Su portavoz, Arantxa Cabello, ofreció colaboración al PP y advirtió de que ese apoyo no suponía conformidad con la actuación del Gobierno municipal.
El cambio de este viernes tiene un protagonista institucional distinto: la Comunidad de Madrid anuncia una denuncia ya presentada contra Francisco Martín. La acampada alcanza su día 34 con ese nuevo frente penal, sin que el anuncio resuelva las acusaciones.
