Barcelona frena el desahucio de Llenguadoc 74 con un acuerdo para comprar el edificio
El día amaneció con una amenaza clavada en el número 74 de la calle Llenguadoc, en Sant Andreu. El lanzamiento estaba previsto para esa jornada y el bloque, habitado por decenas de personas, quedó rodeado por la incertidumbre desde primera hora.
A las puertas del inmueble se concentraron centenares de personas convocadas por colectivos en defensa de la vivienda. La protesta buscaba impedir que el operativo avanzara mientras dentro seguían familias, menores y vecinos que no sabían si aquella sería su última noche allí.
La cifra de afectados varía entre los recuentos disponibles, pero todos describen un desalojo de gran alcance. Se habló de alrededor de cincuenta residentes, repartidos en buena parte de los pisos del bloque, y de varios menores escolarizados en el barrio.
La mañana transcurrió sin una solución cerrada. La comitiva judicial no ejecutó el lanzamiento a la hora inicialmente fijada y la tensión se prolongó durante horas, con presencia policial en el entorno y una calle convertida en escenario de espera, vigilancia y negociación.
Mientras la concentración sostenía el pulso en el exterior, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat aceleraron las conversaciones con la propiedad. El objetivo era evitar una salida inmediata y encontrar una vía que detuviera el desalojo antes de que fuera demasiado tarde.
Al caer la tarde llegó el giro decisivo: ambas administraciones anunciaron un principio de acuerdo para comprar el edificio. La operación se plantea a través del Fondo de Emergencia Habitacional creado recientemente por la Generalitat, con participación de las dos instituciones.
El acuerdo permitió frenar el lanzamiento previsto para ese miércoles. La suspensión no borra años de conflicto en el bloque, pero impidió que la jornada terminara con decenas de personas expulsadas de golpe y con una respuesta de emergencia todavía por resolver.
El inmueble de Llenguadoc 74 arrastra una historia compleja. Una parte de las viviendas estaba ocupada y los residentes llevaban tiempo reclamando fórmulas para regularizar su situación y acceder a alquileres asumibles, en un distrito sometido a una fuerte presión residencial.
Las administraciones subrayaron el componente social del caso. Los servicios municipales habían mantenido contacto con parte de las unidades familiares afectadas y varias familias con menores estaban bajo seguimiento, aunque la situación de los residentes no era homogénea.
También quedaron expuestas las versiones enfrentadas alrededor del procedimiento. El tribunal recordó que el desalojo respondía a procesos iniciados años atrás y señaló que no constaban informes de vulnerabilidad; el consistorio defendía, en cambio, la necesidad de impedir el lanzamiento.
La movilización fue un factor visible durante toda la jornada. Vecinos y activistas mantuvieron la concentración durante unas doce horas, mientras la negociación se movía en paralelo y la posibilidad de una intervención policial seguía presente en cada cambio de hora.
La compra anunciada es todavía un principio de acuerdo, no el cierre definitivo de todos los problemas del edificio. Quedan por concretar la operación, la gestión futura del inmueble y las condiciones que permitirán a quienes viven allí conservar una alternativa estable.
Para Sant Andreu, la noticia evita por ahora una imagen de puertas cerradas y familias buscando salida de noche. Para las instituciones, convierte el nuevo fondo habitacional en una prueba inmediata: su primera gran intervención llega en un conflicto ya al límite.
Llenguadoc 74 queda así suspendido entre el alivio y la cautela. El desahucio se detuvo, pero el acuerdo deberá traducirse en hechos para que esa pausa no sea solo un paréntesis antes de que vuelva la misma amenaza sobre el edificio y sus residentes.
