La abogada de Maricarmen, tras su muerte: «Si se hubiera suspendido el desahucio, no estaríamos aquí»
La muerte de Maricarmen Abascal, a los 87 años, ha dejado una frase suspendida sobre el caso que sacudió Madrid. Su abogada, Beatriz Duro, sostiene que el desenlace podría haber sido distinto si el desahucio se hubiese paralizado cuando todavía quedaba margen para hacerlo.
Maricarmen había sido expulsada el 23 de septiembre de la vivienda del distrito de Retiro en la que había pasado cerca de siete décadas. Salió en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento dos semanas después.
La declaración de Duro no presenta una causa médica de la muerte, pero sí describe un deterioro visible durante el último año del procedimiento. La letrada contrapone la autonomía que conservaba en el primer intento de lanzamiento con la fragilidad que mostró en los posteriores.
En octubre de 2025, durante el primer intento de desahucio, Maricarmen aún caminaba por la calle y participaba en las concentraciones que buscaban frenar la pérdida de su casa. Con el paso de los meses, su movilidad se redujo y su salud se volvió mucho más vulnerable.
El día del lanzamiento, la intervención terminó con la anciana fuera de su domicilio y camino del hospital. La imagen de una mujer mayor abandonando en camilla el lugar donde había vivido con su familia durante décadas convirtió un conflicto de alquiler en una escena de alcance nacional.
Duro afirma que el proceso tuvo un impacto profundo en la salud de su clienta y denuncia que no se encontraran mecanismos para detenerlo en esas condiciones. Sus palabras expresan una valoración directa de la abogada, no una conclusión judicial sobre responsabilidades por el fallecimiento.
La vivienda estaba situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y formaba parte de una relación de renta antigua. Tras el cambio de propiedad del inmueble, la diferencia entre la cantidad que Maricarmen podía asumir y la que se le reclamaba abrió un conflicto que se prolongó durante años.
En las horas posteriores al desahucio se mantuvieron contactos para buscar una salida y, finalmente, se alcanzó un acuerdo que permitía su regreso. Pero la posibilidad de volver a casa quedó atrapada entre la hospitalización, el tiempo transcurrido y una salud que ya estaba muy dañada.
La abogada explica que Maricarmen llegó a saber que existía esa opción de retorno. Esa expectativa, nacida demasiado tarde, fue para su entorno una pequeña calma dentro de un proceso marcado por la incertidumbre y por la sensación de que cada día alejaba más una reparación posible.
Su muerte desencadenó muestras de duelo y concentraciones en Madrid, mientras el caso volvía a situar la vivienda en el centro del debate público. La protesta que rodeó el desahucio no se limitaba a un solo portal: reflejaba el miedo de muchas personas a perder un hogar sin alternativa segura.
La historia de Maricarmen también expuso la dureza de los plazos cuando la persona afectada es mayor y depende de un entorno conocido. Para ella, la casa no era un bien intercambiable ni una dirección más: era el lugar donde había vivido desde joven y donde estaban sus recuerdos familiares.
La intervención dejó imágenes de vecinos, activistas y agentes frente al edificio, pero el centro del relato siguió siendo una mujer enferma obligada a abandonar su casa. Después llegaron la hospitalización, las negociaciones y el acuerdo, en una secuencia que ya no pudo devolverle la normalidad perdida.
Las declaraciones de Duro fijan el foco en esa distancia entre lo que se negoció después y lo que no se evitó antes. La abogada recuerda que la suspensión había sido solicitada y que, a su juicio, una decisión distinta habría impedido que el caso terminara con esta pérdida.
Maricarmen no llegó a cruzar de nuevo la puerta de su casa. Queda el peso de un acuerdo alcanzado cuando ya no bastaba y la pregunta que plantea su abogada: cuánto daño puede causar un procedimiento cuando la protección llega después de que la vida se ha quebrado.
