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Daniel Sancho: la familia Arrieta pide bloquear sus fondos en prisión

La familia de Edwin Arrieta ha abierto un nuevo frente alrededor de Daniel Sancho: quiere comprobar si el condenado dispone de unos 3.000 euros mensuales para gastos dentro de la prisión de Surat Thani. La cifra, aún pendiente de verificación, ha colocado el foco en el dinero que circula tras los muros del penal.

Los representantes de la familia sostienen que realizarán indagaciones antes de dar por cierta esa cantidad. Si se confirma que Sancho tiene acceso a esos fondos, plantean solicitar su bloqueo para que no queden al margen de la responsabilidad civil fijada tras el asesinato de Arrieta.

La petición nace de una herida que sigue abierta: la indemnización impuesta por la justicia tailandesa no habría recibido todavía ningún pago por parte del condenado. Para los Arrieta, la posibilidad de que exista dinero disponible en prisión contrasta con esa deuda que permanece intacta.

El debate se activó tras conocerse detalles sobre la vida cotidiana de Sancho en el centro penitenciario. La información apunta a un presupuesto mensual destinado a complementar la alimentación del penal y a cubrir otras compras realizadas desde el economato de la cárcel.

Entre esos gastos se mencionan arroz y pollo, productos que permitirían mantener una dieta distinta de la comida habitual del centro. También aparece el hielo, asociado a baños fríos que Sancho practicaría dos veces al día como parte de una rutina física.

La cifra de 3.000 euros no ha sido confirmada por la familia Arrieta ni por las autoridades penitenciarias tailandesas. Precisamente por esa falta de certeza, el equipo jurídico evita presentar el dato como un hecho cerrado y anuncia comprobaciones antes de promover cualquier medida.

Si el dinero existe y puede identificarse, el objetivo sería vincularlo al cumplimiento de la indemnización. La discusión no gira solo sobre unas compras en prisión, sino sobre el alcance real de una condena que incluyó una compensación económica para los padres de la víctima.

El pasado 25 de septiembre quedó confirmada la cadena perpetua de Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. La resolución mantuvo también la indemnización, mientras la defensa del español estudia nuevas vías ante las instancias superiores de Tailandia.

La familia de Arrieta había buscado una pena más severa y una revisión de la compensación económica. El rechazo de esas pretensiones cerró una etapa judicial, pero dejó sin resolver para sus allegados el cumplimiento efectivo de la cantidad ordenada en la sentencia.

La vida dentro de Surat Thani vuelve así a convertirse en un elemento sensible del caso. Cada dato sobre el dinero que recibe un recluso puede adquirir otra dimensión cuando existe una indemnización firme y una familia que afirma no haber cobrado todavía nada.

El posible bloqueo de fondos no equivaldría a una decisión automática ni está acordado. Requeriría confirmar primero que ese dinero existe, determinar su origen y estudiar qué mecanismo podría aplicarse dentro del sistema penitenciario y judicial tailandés.

La reclamación también devuelve al primer plano la dependencia económica que los padres de Edwin Arrieta tenían de su hijo. La compensación establecida tras el crimen pretendía atender esa pérdida, una consecuencia que sigue pesando en cada movimiento posterior del proceso.

Mientras se aclara la situación de esos 3.000 euros, Sancho continúa cumpliendo condena en Tailandia. La posibilidad de recursos futuros no detiene el interés de la acusación particular por vigilar que la parte económica de la sentencia no quede reducida a una promesa sin ejecución.

La nueva disputa no modifica la condena, pero añade presión sobre sus consecuencias materiales. Para la familia Arrieta, el dinero destinado a comodidad o alimentación en prisión solo puede entenderse bajo una pregunta incómoda: por qué la indemnización sigue sin recibir un solo abono.

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