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Madrid: ejecutan el desahucio de Maricarmen tras 70 años en su casa

El portal de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, amaneció convertido en el último límite de Maricarmen. La comisión judicial ejecutó el desahucio de la mujer de 87 años, que había vivido en esa casa durante cerca de siete décadas y salió del edificio en camilla.

A las puertas del inmueble se reunieron decenas de personas para acompañarla y tratar de impedir el lanzamiento. El cordón policial separó a quienes apoyaban a la vecina del acceso al portal, mientras el procedimiento avanzaba dentro de la vivienda que había sido su hogar desde la infancia.

El desalojo no llegó de golpe. Era el cuarto intento desde que el edificio cambió de manos y Maricarmen quedó atrapada en un conflicto que se fue alargando durante años. Los aplazamientos anteriores habían dado tiempo, pero no resolvieron la amenaza que finalmente se cumplió este miércoles.

El origen de la disputa está en un contrato de renta antigua firmado por el padre de Maricarmen en 1956. Tras la muerte de él, el arrendamiento pasó primero a su esposa y después a su hija, que mantuvo durante años una mensualidad actualizada dentro de aquellas condiciones heredadas.

La propiedad actual del inmueble es Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., una sociedad que adquirió el edificio en 2018. La empresa reclamaba una renta de 2.650 euros mensuales, una cifra muy superior a los aproximadamente 500 euros que Maricarmen venía pagando por la vivienda.

La diferencia entre ambas cantidades cerró cualquier salida sencilla. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50 por ciento y su situación convirtió cada nuevo aviso en una cuenta atrás. El caso dejó de ser un pleito silencioso para transformarse en una protesta visible sobre el derecho a permanecer en casa.

En la víspera del lanzamiento, una escritora que prefirió no revelar su identidad ofreció cubrir la parte del alquiler que Maricarmen no podía asumir. La propuesta permitía que la vecina continuara abonando su parte habitual y elevaba el pago total hasta la cantidad exigida por la propiedad.

La oferta no frenó el procedimiento. Tampoco prosperaron las peticiones para conceder a Maricarmen unos días adicionales que le permitieran recoger sus pertenencias y encontrar una alternativa. La negociación se mantuvo abierta durante más de una hora, pero acabó sin un acuerdo que evitara la salida.

Cuando se ejecutó el desahucio, la mujer abandonó el piso acompañada por efectivos sanitarios del Samur y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón. Tras la puerta quedaron los objetos, los recuerdos y una vida entera vinculada a un domicilio al que decía no querer renunciar.

La escena concentró toda la tensión acumulada desde 2018: activistas desalojados del portal, una anciana atendida por sanitarios y un conflicto que ya no cabía en los expedientes. Para el Sindicato de Inquilinas, la falta de acuerdo confirmó que las alternativas expuestas no recibieron respuesta favorable.

Las administraciones tenían desde octubre de 2025 un informe con opciones como comprar la vivienda o expropiarla para convertirla en parque público. Esas vías no llegaron a materializarse antes del lanzamiento, pese a que el caso había provocado contactos, mediaciones y peticiones para evitar el desalojo.

El caso también reabrió el debate sobre la protección de personas vulnerables sin alternativa habitacional frente a grandes tenedores. La moratoria antidesahucios aprobada durante la pandemia había sido temporal y las propuestas posteriores para prorrogarla no lograron la mayoría necesaria en el Congreso durante 2026.

Esa discusión política no alteró la orden que se ejecutó en Retiro. El lanzamiento se produjo con una resolución judicial favorable a la propiedad, después de que una sentencia inicial favorable a Maricarmen quedara sin efecto en el Tribunal Supremo. La ley ofreció un desenlace, pero no una vivienda para el día después.

Maricarmen salió de su casa sin saber aún dónde iba a vivir. Su desahucio deja una imagen dura: una mujer de 87 años, una camilla junto al portal y setenta años de memoria desplazados en unas horas. El conflicto continúa fuera de aquel piso, donde ya no puede volver a cerrar la puerta.

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