El Supremo decide a contrarreloj el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos
El calendario electoral ha convertido una medida cautelar en una cuenta atrás. El Tribunal Supremo debe decidir si mantiene o levanta la suspensión que afecta al derecho de voto de personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática antes de las generales del 29 de noviembre.
La discusión ya no se limita a un expediente judicial. La inminente exposición del censo electoral obliga a resolver qué ocurrirá con quienes figuran o deberían figurar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras la campaña se acerca y el plazo administrativo se estrecha.
La suspensión fue acordada en septiembre para las inscripciones vinculadas a una instrucción que presume la condición de exiliado de determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. El alcance de esa decisión abrió un conflicto sobre miles de derechos individuales.
La Ley de Memoria Democrática reconoce una vía de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual. La controversia se centra en cómo se trasladó esa vía al censo exterior.
La Fiscalía ha reclamado que se levante la cautelar durante este proceso electoral y que los afectados puedan comparecer para defender sus intereses. Su posición sitúa el foco en el riesgo de privar del sufragio a personas ya nacionalizadas sin una revisión individual terminada.
La Abogacía del Estado comparte la preocupación por los plazos. Revisar de uno en uno los expedientes afectados exige un trabajo que no puede completarse antes de que el censo quede definitivamente cerrado para los comicios, una barrera que deja poco margen de maniobra.
El censo aplicable a las elecciones del 29 de noviembre se cerró el 1 de agosto y debe ponerse a consulta pública el 12 de octubre. Después se abre un periodo de reclamaciones, pero la lista definitiva está prevista para el 23 de octubre, con cambios muy limitados desde entonces.
Las estimaciones manejadas en el procedimiento sitúan en torno a 163.000 o 170.000 los expedientes directamente condicionados por la cautelar. La diferencia entre revisar, suspender o permitir el voto no es una cuestión abstracta: determina quién podrá participar dentro de pocas semanas.
El adelanto electoral alteró por completo el escenario que existía cuando se adoptó la medida. Entonces no había unos comicios generales inmediatos; ahora cada día que pasa reduce la posibilidad de conciliar la revisión administrativa con las garantías que exige el derecho de sufragio.
La resolución pendiente deberá ponderar dos riesgos opuestos. Por un lado, la revisión de altas en el censo exterior; por otro, la exclusión temporal de ciudadanos que ya adquirieron la nacionalidad y que pueden quedar fuera de una votación nacional sin una decisión sobre el fondo.
Mario Conde ha intervenido públicamente en este debate para subrayar la incertidumbre que rodea a los nuevos nacionalizados. Su planteamiento coincide con la pregunta que ahora atraviesa el procedimiento: si podrán votar el 29-N o si la cautelar seguirá cerrando esa puerta.
También existe una petición para suspender las elecciones mientras se ejecuta la medida cautelar, una posibilidad que aumenta la tensión del caso. La decisión no depende de un debate político ordinario, sino de la respuesta judicial a un calendario ya en marcha.
El asunto afecta de forma especial a quienes residen fuera de España y han culminado trámites de nacionalidad al amparo de la llamada Ley de Nietos. Para ellos, la inscripción censal se ha transformado en el último obstáculo de un proceso que parecía concluido.
La próxima decisión del Supremo marcará si el proceso electoral avanza con la cautelar intacta o si se recupera provisionalmente el voto de los afectados. En esa frontera entre el censo y el derecho fundamental se concentra una de las incertidumbres más delicadas del 29-N.
