Familiares de desaparecidos en Urda denuncian la espera: la respuesta de los forenses
Raúl Ojeda seguía sin noticias de su cuñado después del accidente ferroviario de Urda. Desde Toledo, tras más de 36 horas de espera, el farmacéutico denunció que les habían comunicado el cierre del anatómico forense a las once de la noche. Su familiar continuaba desaparecido.
La queja trasladó a las redes una pregunta desesperada: «¿No hay forenses en España para acelerar este durísimo trance?». Ojeda reclamaba más capacidad para acortar la incertidumbre de quienes todavía no sabían qué había ocurrido con sus seres queridos tras el choque del miércoles.
El supuesto cierre nocturno forma parte del relato de los familiares. El Centro Integrado de Datos, encargado de reunir la información del operativo, sostuvo en su comunicado que las autopsias y las identificaciones proseguían de forma ininterrumpida desde el miércoles, con rigor y celeridad.
La diferencia entre ambas versiones deja abierta una cuestión concreta: qué información recibieron las familias sobre los horarios y qué tareas seguían realizándose. La denuncia no acredita por sí sola que se paralizara todo el dispositivo ni que faltaran médicos forenses en España.
El balance provisional difundido en aquella fase situaba en 69 las personas fallecidas. El primer parte recogido en la información de la mañana contabilizaba 48 autopsias y cinco identificaciones notificadas a las familias: tres correspondían a mujeres y dos a hombres.
Las cifras fueron avanzando durante la jornada del 30 de octubre. Una actualización de las 10:30 elevaba a 13 las víctimas identificadas, mientras mantenía el balance provisional de 69 fallecidos. La identificación de una víctima y la realización de su autopsia son registros distintos dentro del proceso.
Las primeras identificaciones comunicadas se habían obtenido mediante huellas dactilares, con la intervención del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología trabajaban en las pruebas de ADN de los fallecidos.
El dispositivo descrito por el Centro Integrado de Datos reunía a doce médicos forenses de Toledo, seis de Ciudad Real y dos de Cáceres. A ellos se sumaban dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para reforzar estas tareas.
Las autopsias contaban también con seis técnicos: tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara. La Unidad Militar de Emergencias prestaba apoyo logístico al Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real para facilitar la gestión de los fallecidos y el trabajo de identificación.
La Guardia Civil había recogido 70 denuncias de desaparición en cinco provincias. Toledo acumulaba 38; Madrid, 23; Sevilla, siete; Ciudad Real y Logroño, una cada una. Ese registro recogía las peticiones de búsqueda de familiares y allegados, sin equivaler por sí mismo a una cifra de fallecidos.
Ramón Antequera, responsable forense en Ciudad Real, negó que hubiera falta de personal o caos en las instalaciones. Defendió que el procedimiento estaba organizado y que acelerar no podía significar arriesgar una identificación equivocada. Resumió esa exigencia con una advertencia: «El error es un lujo que no nos podemos permitir».
Una de las forenses del equipo de Ciudad Real se ocupaba del cotejo de las muestras de ADN de familiares directos. Antequera reconoció la desesperación de quienes esperaban y explicó que todavía no podían precisar cuándo estarían identificadas todas las víctimas del accidente.
La espera tenía también un dispositivo de asistencia: tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, otra de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y una quinta de un instituto forense de ámbito estatal. Su labor acompañaba a las familias mientras continuaban las comprobaciones.
La denuncia de Ojeda puso palabras a esa espera mientras su cuñado seguía sin localizar en el momento de su mensaje. Frente a su petición de acelerar, los responsables forenses insistían en la fiabilidad del reconocimiento. Todavía quedaban familias pendientes de una identificación que les permitiera saber a quién despedir.
