Málaga: un profesor denuncia que usaron su identidad para vender el piso donde vive
Francisco Rodríguez Marín, profesor de la Universidad de Málaga, asegura que lleva meses atrapado en una operación inmobiliaria que nunca autorizó. Su vivienda de Teatinos, el piso en el que reside desde hace más de dos décadas, aparece ligada a una opción de compra que él afirma no haber firmado ni conocido hasta que la amenaza ya estaba muy cerca.
El docente sostiene que todo comenzó en febrero de 2026, cuando recibió un primer burofax sobre la intención de ejecutar una opción de compra. Al principio interpretó aquel documento como el interés de alguien por adquirir su casa, pero un segundo aviso le hizo sospechar que detrás había algo más grave que una simple propuesta de venta.
La alarma se convirtió en denuncia cuando comprobó que los nombres incluidos en la documentación no le resultaban conocidos y acudió a la Policía Nacional. Francisco mantiene que no puso su firma en ningún acuerdo, que nunca dio permiso a terceros y que no ha recibido un solo euro por una vivienda que sigue considerando su único hogar.
El golpe definitivo llegó con un requerimiento notarial para comparecer el 21 de octubre y completar la compraventa. El afectado denuncia que la operación podría avanzar incluso sin su presencia, una posibilidad que ha transformado una sospecha inicial en el temor concreto de perder la casa en la que vive.
Al pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad, Francisco descubrió que la opción de compra figuraba ya inscrita sobre su piso. La inscripción vinculaba la vivienda con dos supuestos compradores y daba a la operación una apariencia formal que, para el profesor, choca frontalmente con su versión de que jamás intervino en ella.
La cantidad reflejada en los documentos ronda los 210.000 euros. Francisco considera que esa cifra está muy por debajo del valor actual de su casa y denuncia que los compradores sostienen haber entregado parte del dinero y pagarían el resto en una cuenta cuya existencia él dice desconocer por completo.
El profesor sitúa una de las claves en el 20 de marzo de 2025, fecha en la que se habría formalizado la escritura en Barcelona. Asegura que ese día estaba dando clase en Málaga y que dispone de documentación académica para acreditarlo, un dato central en su intento de demostrar que no pudo estar en la firma que se le atribuye.
La presunta suplantación, sostiene, pudo comenzar durante una búsqueda de alquiler en Madrid para su hijo. Francisco aportó documentación personal para actuar como avalista, entre ella identificaciones e información económica, y el supuesto arrendador dejó de responder poco después. Desde entonces teme que esos datos hayan terminado en manos de alguien que los utilizó.
La operación no se reduce para él a una disputa sobre papeles. Cada aviso, cada burofax y cada comprobación registral ha ido estrechando el margen hasta dejarle frente a una fecha concreta. Francisco afirma que no quiere vender su casa, que no conoce a los compradores y que su vida cotidiana ha quedado suspendida por la incertidumbre.
Su defensa ha solicitado medidas urgentes para detener el proceso mientras se aclaran los hechos. El objetivo inmediato es impedir que la compraventa se formalice y que la inscripción de la opción de compra produzca efectos irreversibles antes de que un juzgado pueda valorar la denuncia y la documentación reunida por el afectado.
El caso abre interrogantes sobre el recorrido de una operación que llegó a inscribirse pese a que el propietario la niega. También obliga a distinguir entre lo que figura en los documentos y lo que deberá esclarecer la investigación: quién compareció, cómo se acreditó la identidad y qué controles se aplicaron antes de registrar la opción de compra.
Francisco ha relatado que, tras los primeros escritos, alguien llegó a interesarse por si se encontraba en su domicilio. Aquella visita, unida al requerimiento posterior, aumentó su sensación de vulnerabilidad. No describe un problema abstracto: habla de la posibilidad de que una cadena de documentos altere el destino de la vivienda que habita.
La denuncia se mantiene en fase de esclarecimiento y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades por esta operación concreta. El profesor pide que se investigue la presunta falsificación de su firma y que se frene cualquier paso que convierta la amenaza en un hecho consumado antes de que pueda defender su titularidad.
A pocos días del vencimiento señalado en los documentos, Francisco resume su situación como una carrera contra el tiempo. Su caso deja una advertencia incómoda: una identidad mal utilizada puede convertir la tranquilidad de una vivienda propia en una pesadilla de registros, citaciones y una venta que su dueño asegura no haber decidido nunca.
