Urda: el trabajador de Adif que ordenó reanudar la marcha del AVE se niega a declarar
La orden de reanudar la marcha del AVE está en el centro de las pesquisas sobre el accidente de Urda, en Toledo. El trabajador de Adif que la transmitió se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, una novedad conocida este viernes, 30 de octubre.
El empleado pertenece al centro de control de Adif y fue quien indicó al tren que continuara con marcha normal. Su decisión de no prestar declaración se produce mientras la Policía Judicial trata de esclarecer las posibles responsabilidades penales del siniestro.
La negativa es, por ahora, el ejercicio de un derecho del trabajador. No aporta por sí misma una explicación de lo ocurrido ni resuelve quién pudo ser responsable: las circunstancias de aquella orden siguen formando parte de una investigación abierta.
La tragedia deja al menos 69 personas fallecidas en el balance recogido este viernes. La investigación sobre la actuación del centro de control avanza con esa dimensión humana de fondo, mientras continúa la reconstrucción de las decisiones anteriores al choque.
En paralelo a las diligencias penales, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, la AITAT, examina las causas técnicas del accidente ferroviario.
Este jueves, la AITAT todavía no había podido entrevistar a los maquinistas y responsables de circulación porque no estaban en condiciones de someterse a esas entrevistas. Esa situación corresponde a la pesquisa técnica y debe distinguirse de la decisión del operario ante la Guardia Civil.
El foco sobre el trabajador ha provocado la reacción del Sindicato del Sector Federal Ferroviario de CGT. La organización exige rigor y rechaza que se señale al personal del Centro de Regulación y Control de Atocha antes de esclarecer lo sucedido.
La protesta sindical llega tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente. CGT considera inaceptable convertir la actuación puntual de un empleado en una explicación anticipada cuando aún falta reconstruir los hechos y la información disponible en cada momento.
El sindicato también ha trasladado su solidaridad a las víctimas y a los afectados. Su planteamiento es que una catástrofe de esta gravedad requiere mirar toda la cadena de funcionamiento ferroviario, además de la última orden transmitida desde el centro de control.
Entre los aspectos que CGT reclama examinar figuran la formación, el mantenimiento, los recursos disponibles y las plantillas. Añade la carga mental que soportan quienes trabajan en los centros de regulación, puestos desde los que se toman decisiones de alta responsabilidad.
La organización recuerda que en mayo planteó modificar el Real Decreto 929/2020. Aquella propuesta buscaba limitar la actividad continuada de control de tráfico, asegurar pausas efectivas y regular factores como la nocturnidad y el trabajo en situaciones degradadas.
Las grabaciones difundidas durante la emergencia han abierto otro frente. CGT denuncia que hacer públicas comunicaciones parciales expone a los trabajadores a un juicio precipitado y reclama que el análisis de esos intercambios respete el conjunto de lo ocurrido.
La condena a las filtraciones también alcanza a Semaf, UGT y CCOO. UGT anuncia que investigará su origen y las denunciará, mientras CCOO reclama depurar responsabilidades y estudiar las condiciones de trabajo antes de concentrar las acusaciones en un empleado.
El avance conocido este viernes deja una pregunta pendiente ante la Policía Judicial: qué explicación dará el operario sobre la orden al AVE si decide declarar más adelante. Por ahora se ha acogido a su derecho a guardar silencio y las pesquisas sobre Urda siguen abiertas.
