Vitoria: 96 familias temen perder sus alquileres asequibles en Zabalgana

En cuatro portales de la avenida de los Derechos Humanos, en el barrio vitoriano de Zabalgana, la tranquilidad se ha convertido en una cuenta atrás. Noventa y seis familias que entraron en viviendas de alquiler asequible temen ahora que el final de sus contratos las expulse de un edificio que durante años fue su hogar.

Las viviendas fueron entregadas en 2013 dentro de una promoción impulsada por la Obra Social La Caixa. Los pisos, de entre 76 y 86 metros cuadrados, se destinaron prioritariamente a familias y arrancaban con rentas cercanas a los 400 euros mensuales, sin incluir comunidad ni otros gastos vinculados al inmueble.

Aquel proyecto se presentó como una vía de acceso a una vivienda estable para quienes no podían afrontar los precios del mercado. La opción de compra formaba parte de las expectativas de muchos residentes, aunque varios inquilinos sostienen que esa posibilidad nunca quedó recogida con claridad en los contratos que firmaron.

El escenario cambió en 2025, cuando el bloque pasó a manos de un fondo de inversión. Desde entonces, los vecinos relatan que la gestión del alquiler quedó en otras manos y que la comunicación se volvió escasa, mientras los contratos empezaban a acercarse a su vencimiento sin garantías de continuidad.

La preocupación no se concentra en una sola familia. Hay contratos que terminan en los próximos meses y otros que vencen más adelante, pero todos están atravesados por la misma incertidumbre: la propiedad no está prorrogando numerosos alquileres y las alternativas que encuentran en Vitoria resultan mucho más caras o directamente inalcanzables.

Uno de los casos más urgentes es el de un vecino cuyo contrato concluye el 14 de diciembre. Tras pedir una prórroga sin éxito, describe semanas de búsqueda entre Vitoria y Miranda de Ebro, con una oferta escasa y habitaciones anunciadas por cifras que pueden llegar a 600 o 700 euros mensuales.

Los residentes aseguran que algunos pisos del edificio ya aparecen en portales inmobiliarios como oportunidades de inversión, incluso con inquilinos dentro. La imagen de una vivienda anunciada mientras todavía está habitada ha alimentado la sensación de que cada hogar se ha convertido en una operación financiera ajena a quienes viven tras la puerta.

También cuentan que se han producido contactos por teléfono y puerta a puerta para plantear compensaciones económicas a cambio de devolver las llaves antes de tiempo. Las cantidades relatadas varían entre hogares, pero para muchas familias el problema no es una cifra: es encontrar dónde reconstruir su vida cuando termina el contrato.

El deterioro del edificio suma otra capa de malestar. Los vecinos mencionan humedades, puertas que no cierran, problemas en el garaje y placas solares que no habrían funcionado. Algunas reparaciones, aseguran, tuvieron que salir de sus propios bolsillos pese a tratarse de elementos ligados al estado general de las viviendas.

La tensión actual tiene antecedentes. Varias personas acudieron al sindicato de vivienda a finales de 2023 para cuestionar cláusulas que consideran abusivas, entre ellas cargas económicas y obligaciones que, a su juicio, no deberían recaer sobre quien alquila. Una asociación de consumidores llevó parte de esa disputa a los tribunales de Barcelona.

Con el cambio de propiedad, los residentes han enviado burofaxes para solicitar prórrogas de sus contratos. Defienden que su situación debe atenderse dentro de las medidas de protección del alquiler y de la declaración de Vitoria como zona tensionada, pero explican que una primera petición fue rechazada y otra sigue sin respuesta.

La amenaza no adopta la forma de un desalojo inmediato para todos, sino de una sucesión de fechas marcadas en el calendario. Cada vencimiento abre una nueva grieta en el edificio: familias que calculan hipotecas, ventas de vehículos, mudanzas posibles y el miedo de que el alquiler asequible desaparezca de una avenida donde antes parecía garantizado.

El caso de Zabalgana refleja una herida más amplia en el acceso a la vivienda: promociones concebidas para aliviar el esfuerzo económico de las familias pueden quedar expuestas a una lógica de venta y rentabilidad cuando cambia la propiedad. Para quienes habitan esos pisos, el debate no es abstracto, sino la continuidad de su casa.

Mientras no llegue una respuesta que aclare el futuro de los contratos, los rellanos de los números 39, 41, 43 y 45 sostienen una espera pesada. Allí, donde 96 familias empezaron una vida con alquileres asequibles, cada carta y cada anuncio inmobiliario refuerzan la misma pregunta: cuánto tiempo podrán seguir viviendo allí.