Interior prohíbe los espráis policiales en protestas, pero mantiene los botes lacrimógenos tras el 11N
Las cargas de la huelga del 11N han abierto una grieta entre Interior y los sindicatos policiales. Este viernes 13 de noviembre, el ministerio ha precisado el alcance de su decisión: la Policía Nacional dejará de usar los espráis de defensa personal en las protestas, pero conservará los botes lacrimógenos.
La distinción cambia la lectura del anuncio del jueves. La restricción afecta a los aerosoles defensivos de pimienta empleados por los agentes en los dispositivos de orden público, mientras que los artificios fumígenos o lacrimógenos seguirán formando parte de los recursos antidisturbios.
Interior ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional modificar el protocolo interno para aplicar esa prohibición. La instrucción llega después de la polémica por las intervenciones contra piquetes y manifestantes durante la jornada de huelga general del miércoles.
Los botes que permanecen autorizados son los denominados artificios ATL. El ministerio sostiene que producen una nube de humo lacrimógeno que considera inocua y no lesiva; esa es la explicación oficial con la que justifica mantenerlos en los dispositivos.
La revisión no retira todos los recursos de dispersión utilizados por los antidisturbios. Entre los recursos con los que cuentan esas unidades figuran también las pelotas de goma y las escopetas que descargan cartuchos de fogueo para disuadir a una multitud.
Madrid concentra otra parte de la respuesta a lo ocurrido. La Jefatura Superior abrió el jueves una revisión interna reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la huelga en la capital, tal como ha confirmado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El ministro ya había encargado una investigación específica sobre las intervenciones cuestionadas. La pesquisa anunciada se plantea al margen de los análisis habituales que realiza la Policía sobre sus dispositivos de orden público; todavía no aporta una conclusión sobre las cargas.
La reacción de las organizaciones policiales ha sido de rechazo. El sindicato mayoritario entre los mandos y organizaciones como SUP, Jupol, UFP y CEP consideran que la prohibición debilita la protección de los agentes y proyecta sospechas sobre su actuación.
Antes de la huelga, Interior había exigido que Policía Nacional y Guardia Civil dispusieran de efectivos suficientes para prevenir piquetes violentos y barricadas. Esa preparación previa forma parte del contexto en el que ahora se examina cómo se empleó la fuerza.
La instrucción de la Secretaría de Estado del 6 de octubre señalaba lugares concretos que debían quedar protegidos: infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento y pequeños establecimientos comerciales.
El jueves, antes de acudir a un acto del PSOE en Madrid, Marlaska cuestionó la proporcionalidad de algunas intervenciones del día anterior. Su primera valoración fue que determinadas actuaciones no encajaban bien con ese principio, y por eso ordenó investigarlas.
La huelga había sido convocada por los sindicatos para reclamar mejoras salariales y acceso a la vivienda. Las intervenciones contra manifestantes y piquetes desplazaron después parte del debate hacia la respuesta policial y las garantías para ejercer esos derechos.
Marlaska descartó dimitir y defendió la labor de Policía Nacional y Guardia Civil. También Félix Bolaños rechazó el jueves su cese, aunque reconoció que algunas imágenes no le habían gustado; Podemos y ERC estaban entre las formaciones que reclamaban su salida.
El ministro mantiene que los recursos y las actuaciones deben ser necesarios y proporcionales, con garantías para las libertades ciudadanas. Tras la precisión del viernes, la Policía conservará los botes lacrimógenos, mientras la investigación deberá esclarecer las intervenciones del 11N.
