La Asamblea de Murcia declara a Pedro Sánchez persona non grata: apoyos, rechazo y alcance
La ruptura política quedó escrita en una votación. La Asamblea Regional de Murcia aprobó el 3 de noviembre de 2026 declarar persona non grata a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno recibió así un rechazo expreso de la cámara autonómica, en una sesión marcada por el enfrentamiento entre sus defensores y sus adversarios.
La iniciativa salió adelante con 27 votos favorables y 13 contrarios. El PP, Vox y los dos integrantes del Grupo Mixto respaldaron la declaración. Los socialistas se opusieron a una propuesta que sitúa al Parlamento murciano como el primero de carácter autonómico en adoptar esa decisión respecto a un presidente del Gobierno.
Detrás de la moción estaban José Ángel Antelo y Virginia Martínez, antiguos miembros de Vox que ahora forman parte del Grupo Mixto. Fueron ellos quienes impulsaron el texto, pero necesitaron el apoyo de los populares y de su antigua formación para convertir la propuesta en un acuerdo de la Asamblea.
Virginia Martínez asumió la defensa desde la tribuna y presentó la iniciativa como respuesta al descontento ciudadano. Atribuyó a Sánchez un perjuicio para los intereses de Murcia y sostuvo que el presidente no merecía ser recibido con honores. Esas valoraciones formaban parte de su argumentación política.
La financiación autonómica y el trasvase Tajo-Segura ocuparon un lugar central en sus reproches. La diputada vinculó la moción con las decisiones del Ejecutivo sobre el agua y con las dificultades que atribuyó a esas políticas para distintos sectores económicos de la comunidad.
Su intervención también alcanzó al encarecimiento de la vida, los impuestos y las relaciones del Gobierno con los partidos independentistas. Martínez relacionó su rechazo con los procedimientos judiciales que afectan al entorno político y familiar del presidente, como parte de las acusaciones que lanzó durante el debate.
El tono terminó provocando la intervención de la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez. La responsable de dirigir la sesión llamó la atención a la diputada en dos ocasiones durante las réplicas, después de que esta dirigiera descalificaciones a los representantes socialistas.
La presidenta pidió además que esas expresiones no constaran en acta. El episodio acompañó una discusión en la que la crítica a las decisiones del Gobierno central derivó en ataques personales contra Sánchez y contra la bancada del PSOE presente en la Asamblea Regional.
El PP sostuvo su apoyo desde una posición que su diputado Víctor Manuel Martínez Carrasco describió como una expresión de rechazo político. Entre las decisiones que cuestionó mencionó la financiación autonómica, las conexiones ferroviarias, las infraestructuras hidráulicas y las políticas migratorias.
Martínez Carrasco también delimitó el alcance de la declaración. Reconoció su carácter subjetivo y explicó que no suponía enviar a Sánchez al exilio. Defendió que el rechazo expresado por la cámara era compatible con el respeto institucional debido al cargo de presidente del Gobierno.
Vox respaldó igualmente la moción. Su diputado Antonio Martínez Nieto formuló críticas sobre el agua, la agricultura y las infraestructuras, y presentó la declaración como un reproche moral. Su intervención situó el apoyo de su grupo en la censura política a la gestión del Ejecutivo central.
La respuesta socialista llegó de Carmina Fernández, que defendió una enmienda a la totalidad. La portavoz acusó al PP de utilizar la Asamblea para hacer campaña contra el Gobierno y advirtió de la gravedad de emplear una institución democrática para señalar como indeseable a un adversario político.
Fernández contrapuso a la moción la subida del salario mínimo, las pensiones y el ingreso mínimo vital. También reivindicó las inversiones estatales para recuperar el Mar Menor y reprochó al Ejecutivo autonómico sus resultados en pobreza infantil, abandono escolar y atención a la dependencia.
El acuerdo tiene efectos únicamente simbólicos. No aparta a Sánchez de la Presidencia ni convierte la declaración en una orden de expulsión. Lo que deja la votación es una censura política formal y una división abierta sobre los límites del enfrentamiento entre el Gobierno central y sus adversarios en la Región de Murcia.
