Maricarmen empeora en el hospital y su vuelta a casa queda en suspenso
El regreso de Maricarmen Abascal al piso de Retiro donde pasó siete décadas tendrá que esperar. A sus 87 años continúa ingresada y su entorno describe un deterioro físico y emocional que ha convertido el acuerdo para volver a casa en una promesa pendiente.
La mujer fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, tras una larga batalla por un alquiler que ya no podía asumir. Salió en camilla y desde entonces permanece en el Hospital Gregorio Marañón.
Días después del desahucio, la empresa propietaria, Urbagestión, y la representación de Maricarmen alcanzaron un preacuerdo para que regresara al inmueble. La renta no superaría el 30 % de sus ingresos netos y el pacto tendría una duración de ocho años.
Ese desenlace no ha cerrado la herida. El alta hospitalaria era la condición para recuperar las llaves de una casa que conserva sus pertenencias y buena parte de la memoria de una vida. Las pruebas médicas pendientes han frenado de momento cualquier vuelta.
Personas de su entorno la visitaron en el hospital y alertaron de que le cuesta hablar y está muy delicada. El empeoramiento se aprecia después de meses de incertidumbre, varios intentos de lanzamiento y una semana especialmente dura tras el desalojo.
Su primo Vicente explicó que el estado de Maricarmen está más deteriorado que en los días anteriores. Durante el ingreso le realizaron varias pruebas para aclarar las causas, sin que por ahora exista una fecha de alta ni certeza sobre cuándo podrá regresar al barrio.
El caso comenzó a desbordar el marco de un conflicto privado cuando el desahucio movilizó a vecinos, asociaciones y colectivos de vivienda. Hubo concentraciones en distintas ciudades y una acampada en la Puerta del Sol que siguió activa mientras se negociaba una salida.
Para Maricarmen, la vivienda no era un domicilio cualquiera. Su padre firmó el contrato en 1956 y ella vivió allí desde entonces, con vínculos construidos durante generaciones. El desarraigo llegó cuando su salud ya era frágil y la silla de ruedas formaba parte de su día a día.
Había cotizado durante más de cuarenta años y percibía una pensión de poco más de 1.400 euros. Durante años pagó unos 500 euros mensuales, pero el nuevo propietario le planteó rentas que llegaban a superar los 2.000 euros, una cifra inasumible para ella.
La disputa pasó por los juzgados y acumuló aplazamientos antes de ejecutarse el lanzamiento. Un fallo inicial favorable para la inquilina fue revocado en la Audiencia Provincial, abriendo una sucesión de fechas que mantuvo la amenaza sobre su puerta durante casi un año.
La reacción pública también llevó el caso al debate político. El Gobierno puso sobre la mesa dos decretos vinculados a la protección frente a desahucios y a los contratos de alquiler, mientras las organizaciones que acompañaron a Maricarmen reclamaban medidas de mayor alcance.
El acuerdo con la propietaria dibuja una salida concreta, pero no borra lo sucedido. El regreso solo podrá materializarse cuando el equipo médico dé el alta, y cada jornada de hospital prolonga la distancia entre Maricarmen y el lugar del que fue expulsada.
La preocupación se concentra ahora en una mujer agotada por el proceso y en la espera de resultados clínicos. Quienes la acompañan sostienen que apartarla de su entorno a esa edad ha agravado una situación que ya venía marcada por el desgaste físico y la angustia.
Detrás de la negociación queda una escena todavía sin resolver: una anciana ingresada, una casa llena de sus cosas y un regreso acordado que no puede producirse. La puerta de Retiro sigue siendo el final deseado de esta historia, pero aún no está al alcance de Maricarmen.
