Melilla: la primera bombera se queda sin plaza tras ocho años y lleva el proceso a los tribunales
Ocho años después de incorporarse al Cuerpo de Bomberos de Melilla, Rebeca de Juan vuelve a mirar el mismo proceso selectivo que cambió su vida. La plaza que obtuvo en 2018 ha quedado anulada y la prueba psicotécnica deberá repetirse, dejando su futuro profesional suspendido sobre una decisión judicial.
La situación ha abierto un nuevo frente judicial. Un juzgado de Melilla ha admitido a trámite la querella presentada por De Juan por presuntas irregularidades en aquella oposición, dirigida contra dos integrantes del cuerpo, entre ellos quien presidió el tribunal de selección. La admisión no prejuzga los hechos, pero activa la investigación.
La causa examinará posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El auto de admisión aprecia elementos que justifican abrir diligencias previas, un paso inicial para esclarecer qué ocurrió durante un concurso que ofrecía diez plazas en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
El juez ha reclamado a la Ciudad Autónoma el expediente completo del proceso celebrado en 2018. También ha citado a declarar a dos funcionarios que formaron parte del tribunal y a las psicólogas encargadas de las pruebas psicotécnicas, señaladas como testigos directos de las presuntas presiones denunciadas.
De Juan deberá aportar las grabaciones de audio que realizó durante estos años. Su relato sostiene que hubo actuaciones destinadas a favorecer a otro aspirante que no había superado la oposición, una acusación que ahora deberá ser contrastada en sede judicial con documentos, testimonios y el resto de las pruebas disponibles.
El conflicto no nació con esta querella. La oposición de 2018 ya había recorrido una vía penal anterior y, después, la jurisdicción contencioso-administrativa. El desenlace de ese segundo camino anuló el nombramiento de la bombera y ordenó repetir la prueba psicotécnica para ella y otros cinco aspirantes.
La cuestión decisiva se concentra en los criterios aplicados a aquella evaluación. Durante la oposición, el tribunal acordó rebajar el baremo tras comprobar que solo dos de los veinticinco candidatos habrían superado inicialmente las pruebas. Esa modificación pasó a ser el centro de una disputa que no ha dejado de crecer.
La sentencia firme obliga a repetir una parte del proceso que ya parecía cerrado para quien llevaba años ejerciendo. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación planteado contra esa resolución, de modo que la repetición de la prueba psicotécnica permanece como una obligación judicial que amenaza directamente su continuidad.
Para De Juan, la secuencia de decisiones contiene una contradicción difícil de asumir. Considera que el procedimiento contencioso avanzó sin detenerse pese a la existencia de una querella penal posterior y defiende que la falta de información le impidió intervenir a tiempo como parte interesada en un asunto que afectaba a su plaza.
La bombera sostiene que no recibió respaldo de la Administración pese a que, afirma, existía un informe jurídico favorable. También cuestiona que no se recurriera la sentencia que anuló su nombramiento. Son afirmaciones incluidas en su versión de los hechos, que deberán ser valoradas junto al expediente reclamado y las declaraciones previstas.
El caso carga además con una dimensión personal. De Juan asegura que la incertidumbre y el aislamiento derivados de la controversia le han provocado depresión y ansiedad, hasta el punto de no poder acudir al parque de bomberos. Tras la imagen de una plaza pública hay una trayectoria laboral sometida a una revisión extrema.
La admisión de la querella convierte las grabaciones y las decisiones del tribunal de oposición en piezas potencialmente decisivas. La investigación deberá determinar si existieron las irregularidades denunciadas, quién intervino en ellas y si afectaron a la igualdad de condiciones de las personas que aspiraban a las diez plazas ofertadas.
Mientras tanto, la repetición de la prueba sigue proyectando una sombra sobre un empleo que De Juan ha desempeñado durante ocho años. La causa penal no cancela por sí sola la resolución administrativa firme, pero introduce nuevas preguntas sobre un proceso que ya acumulaba litigios y versiones enfrentadas.
El expediente de una oposición ha terminado convertido en una batalla por la verdad, la plaza y la reputación. La investigación recién abierta no establece culpabilidades, pero devuelve el foco a un concurso público marcado por cambios de baremo, recursos judiciales y una bombera que se resiste a perder el puesto que creyó haber ganado.
