Puigdemont podrá regresar a España tras levantar Llarena la orden de detención
La frontera judicial que separaba a Carles Puigdemont de España ha cambiado de golpe. Pablo Llarena ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre el expresidente catalán desde 2017, una medida que también alcanza a Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión llegó después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo de Dolors Bassa y fijara que la amnistía debía aplicarse a la malversación vinculada al procés. Ese criterio desmontó el principal obstáculo que mantenía activa la persecución nacional contra Puigdemont.
El auto ordena comunicar el cambio de inmediato a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y demás autoridades destinatarias. La instrucción es clara: no debe ejecutarse ninguna privación de libertad fundada en las órdenes que ahora quedan sin efecto.
El levantamiento no equivale todavía a una aplicación definitiva de la amnistía para Puigdemont. El juez subraya que la medida tiene carácter transitorio, a la espera de conocer íntegramente la sentencia constitucional y decidir cuál es su alcance concreto para los procesados.
Aun con esa cautela, el efecto práctico es profundo. Puigdemont puede regresar a España sin el riesgo de ser detenido por aquellas órdenes nacionales, una situación que cerraba cualquier vuelta estable desde su salida hacia Bélgica en octubre de 2017.
La clave del giro está en la malversación, el único delito por el que seguían procesados varios dirigentes del procés. Hasta ahora, el Supremo había entendido que ese supuesto quedaba fuera de la amnistía por apreciar un beneficio personal y una posible afectación a intereses financieros europeos.
El Constitucional ha corregido esa interpretación al concluir que la norma debía cubrir la malversación cometida en el contexto y con los objetivos del proceso independentista. La sentencia considera que la lectura anterior reducía de forma indebida el ámbito previsto por la ley.
El tribunal de garantías resolvió el recurso de Bassa por mayoría de siete votos frente a cinco. Su doctrina no se limita al caso de la exconsejera: abre el camino para revisar la situación de otros encausados cuya responsabilidad seguía vinculada al mismo debate jurídico.
Llarena razona que la coincidencia sustancial entre los hechos de Bassa y los atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig obliga a revisar las medidas personales. Mantener una detención durante ese intervalo podría causar un perjuicio irreversible si después resultara improcedente.
Por eso, el juez no ha esperado a la recepción del texto completo para suspender las órdenes. La resolución evita anticipar el resultado final de la causa, pero reconoce que el nuevo pronunciamiento constitucional altera el fundamento que sostenía la búsqueda y captura.
El caso arrastra casi nueve años de conflicto judicial y político. Puigdemont salió de España tras la declaración unilateral de independencia y la posterior querella de la Fiscalía contra los miembros del Govern; desde entonces, la orden nacional limitaba cualquier regreso al territorio español.
La ley de amnistía entró en vigor en junio de 2024, pero su aplicación a la malversación quedó bloqueada por la interpretación del Supremo. El pronunciamiento del Constitucional modifica ese escenario y devuelve la discusión a un terreno donde el margen de actuación judicial se ha estrechado.
Quedan pendientes las resoluciones que concreten la aplicación de la sentencia y el cierre de las cuestiones penales restantes. Sin embargo, la retirada inmediata de las órdenes altera ya el mapa: la amenaza de una detención en España deja de marcar cada posible movimiento de Puigdemont.
La decisión no borra años de enfrentamiento ni elimina el peso político del procés, pero sí rompe un cerco que parecía permanente. El regreso deja de ser una hipótesis sometida a una detención automática y pasa a depender de un horizonte judicial distinto, todavía abierto pero ya transformado.
