Santiago Peña, detenido tras su destitución en Paraguay por el caso Ueno Bank

La destitución fue seguida por una orden de detención. Santiago Peña quedó arrestado en su domicilio de Asunción el viernes 6 de noviembre, horas después de perder la Presidencia de Paraguay en un juicio político marcado por la crisis de Ueno Bank.

La Policía Nacional confirmó que el expresidente estaba detenido por disposición de la Fiscalía. La medida inicial establecía su permanencia en la vivienda hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, en la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción.

El Senado había aprobado su salida con 44 votos de una cámara de 45 miembros, con un senador ausente. La votación cerró el procedimiento político y dejó a Peña sin los fueros que hasta entonces impedían ejecutar la orden de arresto.

El fiscal Cristian Benítez explicó que el siguiente paso consistía en examinar las evidencias reunidas. Después correspondería a un juez penal de garantías determinar dónde debía permanecer el expresidente durante el proceso abierto en su contra.

La investigación penal incluye los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. Son acusaciones sometidas a investigación: la detención no equivale a una condena ni demuestra por sí sola la responsabilidad de Peña.

La fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó la detención domiciliaria. La Fiscalía fijó la comparecencia del exmandatario para el sábado 7 de noviembre a las once de la mañana, hora local, dentro de las actuaciones por la crisis bancaria.

La orden también alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, que había dirigido el Banco Central de Paraguay hasta el martes anterior. Su inclusión extendió las actuaciones a quien había ocupado la jefatura de la institución encargada de supervisar el sistema financiero.

En el centro del derrumbe político estaba Ueno Bank, una entidad vinculada a antiguos socios comerciales de Peña. El banco fue intervenido después de que su solvencia cayera por debajo de los mínimos necesarios para proteger los depósitos de sus clientes.

La intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero. El bloqueo de los depósitos convirtió la crisis financiera en una emergencia para los afectados y alimentó las protestas que acompañaron el procedimiento contra el presidente.

El juicio político había sufrido una interrupción el jueves, cuando un grupo de parlamentarios del Partido Colorado abandonó el pleno. Peña había solicitado un aplazamiento de 72 horas, pero el Senado retomó la sesión el viernes y terminó votando su destitución.

Fuera del Congreso, miles de personas habían mantenido una vigilia. Entre ellas había ahorradores afectados, jubilados y estudiantes, que celebraron el resultado de la votación después de permanecer durante horas pendientes de lo que ocurría dentro de la cámara.

Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la Presidencia tras la salida de Peña. Al recibir la banda y el bastón presidenciales, prometió compensar plenamente a los afectados por el descalabro financiero provocado por el cierre de la entidad.

Esa promesa de compensación llegó mientras seguían bloqueados los fondos de millones de clientes. El relevo en la Presidencia coincidió así con dos frentes abiertos: la respuesta a los ahorradores y la investigación penal que motivó el arresto del exmandatario.

La jornada terminó con Peña destituido y bajo una orden de detención, a la espera de comparecer ante la Fiscalía. El siguiente paso anunciado era el examen de las evidencias y la decisión judicial sobre su situación durante el proceso por el caso Ueno Bank.

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