Urda: la Fiscalía Europea investiga un posible fraude en la seguridad del AVE Madrid-Sevilla
La tragedia de Urda tiene desde este 6 de noviembre un nuevo frente judicial. La Fiscalía Europea ha confirmado una investigación sobre el posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a renovar la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El anuncio llega nueve días después del accidente del 28 de octubre, cerca de Urda, en Toledo, donde murieron 69 personas. Las pesquisas sobre el dinero europeo avanzan en paralelo a la investigación judicial que debe esclarecer las causas y las responsabilidades del siniestro.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido este viernes a tres organismos: Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas. Las actuaciones buscan reunir documentación para examinar el destino de los fondos y los contratos afectados.
La nueva causa se abrió por iniciativa de la propia Fiscalía Europea, sin esperar a una denuncia externa. Su objeto son los recursos europeos destinados a mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de ese corredor ferroviario.
En Adif, los investigadores han recogido expedientes relacionados con esas actuaciones. El gestor de la infraestructura sostiene que ha atendido el requerimiento y ha prestado plena colaboración en la entrega de los documentos sobre señalización y comunicaciones.
El Tribunal de Cuentas también ha confirmado la presencia de agentes de la UCO en sus dependencias. La actuación responde a una petición de información de la Fiscalía Europea, dentro de las diligencias que se desarrollan en los tres organismos.
Entre los sistemas que quedaron bajo escrutinio tras el choque está el LZB, encargado de transmitir información sobre la velocidad y la separación entre trenes y de activar el frenado automático. Su sustitución por el sistema europeo ERTMS seguía pendiente.
Adif adjudicó en 2021 la renovación de la señalización y las telecomunicaciones a Thales por 93,83 millones de euros, con IVA. El calendario previsto situaba la finalización del reemplazo a comienzos de 2026, antes del accidente ocurrido en octubre.
La investigación anunciada hoy es la segunda de la Fiscalía Europea sobre fondos destinados a esta línea. El organismo ya había comunicado en marzo otra causa, relacionada con el mantenimiento ferroviario tras el accidente de Adamuz, en Córdoba.
El precedente de Adamuz dejó 46 muertos y abrió otra revisión del uso del dinero comunitario. Que ambas causas afecten al corredor Madrid-Sevilla no las convierte en una sola: la nueva investigación examina las actuaciones de seguridad y comunicaciones señaladas tras Urda.
Existe además un antecedente en los controles de contratación. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2025 cuestionó el rigor con el que Adif había investigado dos denuncias sobre supuestas alteraciones de puntuaciones en procesos de adjudicación.
Adif había revisado los expedientes y defendido que no encontró indicios de infracción, además de encargar una pericial externa. El Tribunal de Cuentas apreció, sin embargo, deficiencias de transparencia y justificación en las puntuaciones de un expediente analizado.
La Fiscalía Europea ha explicado que confirma estas diligencias de manera excepcional por el interés público del asunto y que, por ahora, no ofrecerá más detalles. La información difundida habla de un posible fraude; no acredita todavía que se haya cometido.
La tarea del organismo europeo consiste en perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión. En Urda, esa vía debe aclarar el uso del dinero destinado a la seguridad, mientras los juzgados españoles investigan las responsabilidades penales del accidente.
