Alcalá de Henares: investigan a una maestra y dos directivas por presunto maltrato a bebés

Un aula de bebés del colegio Alborada de Alcalá de Henares ha quedado en el centro de una investigación judicial por presuntos malos tratos ocurridos durante el curso pasado. La causa alcanza a una educadora infantil y a dos responsables del centro por la actuación que se analiza.

Las diligencias se abrieron tras una denuncia presentada por dos trabajadoras que alertaron de lo que habrían presenciado con menores de muy corta edad. Los niños afectados tenían entre pocos meses y un año, una etapa en la que ni siquiera pueden explicar con palabras lo que les sucede.

A la docente se le atribuyen de forma provisional golpes en la cabeza y en la boca, zarandeos bruscos y burlas mientras los pequeños lloraban. Son hechos que ahora deberán ser contrastados dentro del procedimiento, con todas las garantías para las personas investigadas.

La denuncia también describe una forma de alimentación que se investiga por su gravedad: llenar la boca de los bebés y taparles la nariz para forzar la deglución. Los testimonios incorporados al caso sitúan ese gesto entre los puntos más delicados de una investigación todavía en marcha.

El relato que llegó a los tribunales no se limita a la conducta atribuida a una sola trabajadora. El juzgado examina también qué sabían las dos directivas investigadas, cuándo recibieron las advertencias y si la respuesta del centro fue suficiente para proteger a los menores.

La causa comenzó a tomar forma con un audio y un vídeo obtenidos por otras docentes e incorporados a la denuncia. Ese material, junto a los testimonios de personal y familias, será determinante para reconstruir una secuencia que habría transcurrido lejos de la mirada de los padres.

La investigación se inició en Torrejón de Ardoz, donde se incoaron diligencias previas por posibles delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes. Más tarde, el procedimiento fue remitido para que los hechos sean investigados por el juzgado competente en Alcalá de Henares.

El foco judicial se sitúa en la atención a los bebés y en la posible falta de reacción ante las alertas internas. La calificación de los hechos es provisional y deberá evolucionar a partir de las pruebas, las declaraciones y las decisiones que adopte el órgano judicial.

La dirección del colegio sostiene que apartó a la educadora de sus funciones cuando conoció los hechos y que su relación laboral con el centro fue rescindida. Esa versión forma parte del contexto que tendrá que contrastarse con la cronología denunciada por las trabajadoras.

Las dos responsables incluidas en la causa no están señaladas por ejercer violencia directa sobre los niños. La investigación sobre ellas busca determinar si existió una omisión relevante ante avisos previos, una cuestión distinta que también exige una respuesta precisa de la Justicia.

Para las familias, el caso abre preguntas difíciles sobre la vigilancia en las aulas donde los alumnos dependen por completo de los adultos. Las señales de miedo o cambios de conducta atribuidos a algunos niños aparecen en la denuncia como parte del contexto que deberá ser verificado.

El centro ha comunicado que colabora con las autoridades y que informó a las familias afectadas durante el curso. También ha defendido que activó las medidas internas correspondientes, mientras las actuaciones judiciales avanzan y las responsabilidades siguen sin resolverse.

La presunción de inocencia protege a las tres investigadas mientras no exista una resolución firme. Pero la apertura de diligencias ya ha colocado bajo escrutinio el trato a menores de edad y la obligación de reaccionar cuando aparecen advertencias dentro de un entorno educativo.

El caso permanece abierto y la investigación deberá separar los hechos acreditados de las acusaciones todavía pendientes de prueba. En una clase de bebés, cada decisión adulta tiene un peso extremo; por eso la respuesta judicial y las explicaciones del centro serán observadas con atención.