AVE Madrid-Sevilla: dos juzgados y dos investigaciones europeas tras Adamuz y Urda
La línea Madrid-Sevilla acumula dos investigaciones judiciales y otras dos de la Fiscalía Europea tras las tragedias de Adamuz y Urda. El examen alcanza tanto las causas de los accidentes como el destino del dinero comunitario.
En Urda, el juzgado de Orgaz número 2 mantiene la causa bajo secreto. La jueza Arisea Ortiz ha prohibido retirar elementos de la vía sin autorización judicial y difundir fotografías de las víctimas.
El nuevo foco europeo afecta a fondos destinados a renovar la seguridad, la señalización y las comunicaciones del corredor. La apertura de estas diligencias se confirmó el viernes 6 de noviembre, después del accidente de Urda.
La UCO acudió a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación. Los requerimientos se realizaron por orden de la Fiscalía Europea.
El choque de Urda ocurrió el 28 de octubre y dejó 69 muertos. La investigación sobre la financiación se añade a las actuaciones destinadas a esclarecer aquel siniestro, sin que ambas preguntas tengan una respuesta común demostrada.
El antecedente está en Adamuz, Córdoba, donde el accidente del 18 de enero dejó 46 fallecidos. En marzo ya se había anunciado otra investigación europea sobre posibles irregularidades en el mantenimiento de esa misma línea.
Entre los contratos examinados figura la renovación de 63 desvíos, autorizada en marzo de 2020 por más de 49 millones de euros. Incluía Urda y contaba con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El corredor fue inaugurado en 1992 y estaba sometido a un programa de modernización. En diciembre de 2022, Adif anunció una inversión global de 650 millones de euros para renovar la infraestructura.
La renovación abarcaba señalización, telecomunicaciones, instalaciones de energía y elementos de la vía. También contemplaba incorporar el sistema europeo ERTMS e intervenir en catenarias, desvíos y traviesas.
Los 650 millones anunciados para todo el programa no equivalen al importe de un presunto fraude. La existencia de un presupuesto de renovación no permite tratar todo ese dinero como financiación utilizada de forma irregular.
El Tribunal de Cuentas había cuestionado los controles de contratación de Adif en un informe de 2025. Su examen recogía denuncias sobre alteraciones de puntuaciones y señalaba carencias en la explicación de valoraciones.
Adif había revisado los expedientes denunciados y había concluido que no encontraba indicios de incumplimiento. El órgano fiscalizador cuestionó la transparencia y la justificación de la puntuación en uno de los expedientes analizados.
La apertura de la causa europea no acredita por sí sola que se haya cometido un delito. Tampoco existe una conclusión oficial que vincule causalmente un posible fraude con el accidente de Urda: esa relación permanece sin demostrar.
Las diligencias deberán precisar si los recursos comunitarios se utilizaron de forma fraudulenta y quién tendría que responder si aparecen pruebas. Mientras tanto, siguen pendientes las conclusiones sobre las causas de los siniestros.
