Feijóo acusa al Gobierno por la seguridad ferroviaria tras Urda y exige responsabilidades
La tragedia ferroviaria de Urda entró el 30 de octubre en una nueva fase política. Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de haber desatendido la seguridad y reclamó responsabilidades tras reunirse con expertos ferroviarios en la sede del PP.
El jefe de la oposición sostuvo que el Ejecutivo no había renovado a tiempo un sistema de protección que consideraba obsoleto. Vinculó esa acusación con los al menos 69 fallecidos que citó en su comparecencia sobre el accidente de Toledo.
Feijóo enlazó Urda con el siniestro de Adamuz, en Córdoba, para cuestionar la gestión del Ministerio de Transportes. Atribuyó las 46 muertes de aquel accidente a un mantenimiento deficiente, una responsabilidad que presentó como acusación política.
La intervención elevó el tono después de dos jornadas en las que había mantenido una posición más institucional. El líder del PP defendió que la exigencia de responsabilidades políticas debía avanzar sin esperar al desenlace de las investigaciones.
Una parte central de su reproche se dirigió al señalamiento del operario del centro de control de Atocha. Feijóo rechazó que el trabajador concentrara toda la culpa y describió una cadena de fallos que, a su juicio, atravesó las distintas barreras de seguridad.
La difusión de las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias también apareció en su intervención. Cuestionó el daño que podía causar a las familias escuchar aquellas voces y denunció que se estuviera buscando una persona sobre la que descargar la crisis.
Óscar Puente quedó en el centro de la ofensiva. Feijóo sostuvo que el ministro de Transportes debía haber sido cesado y afirmó que su continuidad servía para contener el desgaste político que, en su opinión, también alcanzaba a Pedro Sánchez.
El líder popular extendió así su exigencia al presidente del Gobierno, por haber nombrado y mantenido al ministro. Situó las elecciones del 29 de noviembre como el momento para que los ciudadanos exigieran responsabilidades si no se producían dimisiones.
Además de las acusaciones, planteó investigar con rigor qué ocurrió en Adamuz y Urda e identificar a los responsables. La búsqueda de explicaciones figuró como primer paso de un programa de actuación sobre la seguridad del ferrocarril.
La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía ocupó un lugar específico en ese programa. Feijóo reclamó una auditoría de ese corredor, el más antiguo de la red española de alta velocidad, y pidió aclarar los fallos de seguridad que denunció durante su intervención.
También propuso una revisión técnica independiente de la red y otra auditoría de la gestión y del gasto ferroviario. Su planteamiento incluía reforzar las áreas de seguridad de Renfe y Adif y colocar al frente a profesionales con experiencia y conocimientos técnicos.
Para los años siguientes prometió dar prioridad a conservar las vías existentes frente a inaugurar otras nuevas. Añadió que estaría dispuesto a reducir velocidades o interrumpir la circulación cuando fuera necesario para proteger a los viajeros.
El plan que defendió incluía una actuación de emergencia y prioridad presupuestaria para seguridad, mantenimiento y conservación. Presentó esas medidas como la vía para recuperar la confianza de quienes utilizan el tren después de las dos tragedias.
La comparecencia dejó una acusación de enorme gravedad contra el Gobierno y una promesa de revisar el sistema ferroviario. Las causas y las responsabilidades jurídicas siguen siendo materia de investigación; las atribuciones de culpa expuestas ese viernes corresponden a Feijóo.
