El desahucio de una abuela y sus dos nietas en Bilbao no se ejecuta: esperan al juzgado
Patricia, su hija Yolanda y sus dos nietas menores han podido quedarse este lunes 26 de octubre en su vivienda de Santutxu, en Bilbao. El desahucio previsto para esa mañana no se ha ejecutado, aunque la familia seguía pendiente de una confirmación del juzgado.
La espera se concentró ante el número 94 de la calle Iturribide. Decenas de personas acudieron al portal para apoyar a las cuatro residentes y protestar contra un lanzamiento que amenazaba con dejarlas fuera de su casa.
El sindicato de vivienda AZET había convocado la movilización. Desde primera hora, los asistentes reclamaron que se frenara el desalojo y corearon consignas contra los desahucios, mientras aguardaban la llegada de la comitiva judicial.
La Policía Municipal y la Ertzaintza se desplazaron hasta el lugar durante la mañana. Su presencia acompañó los primeros momentos de la concentración, pero el dispositivo terminó retirándose sin que se llevara a cabo el desalojo.
Pasadas las diez y cuarto, la comitiva judicial todavía no se había presentado. La ausencia de quienes debían ejecutar el lanzamiento y la retirada policial hicieron pensar al sindicato que habían logrado detenerlo.
AZET trasladó esa primera valoración con cautela: aún esperaba una confirmación del juzgado. El hecho de que la familia siguiera dentro de la vivienda no despejaba por sí solo cuánto duraría esa situación ni qué ocurriría después.
El origen del conflicto está en la separación de Patricia y su exmarido. Una resolución judicial posterior al divorcio atribuyó a él la propiedad del inmueble en el que ahora viven ella, su hija y las dos niñas.
La organización sostiene que Patricia había comprado la casa junto con su entonces marido y había participado en su pago. También explica que ella no figura como propietaria, una circunstancia que atraviesa la disputa por la vivienda.
El sindicato afirma además que el exmarido dispone de otras dos casas, una en la que reside y otra que tiene alquilada. Es parte de su denuncia sobre la desigualdad entre la situación del propietario y la de las cuatro residentes.
Para AZET, la ejecución del lanzamiento suponía perder la vivienda habitual sin una alternativa de alojamiento real y digna. En la casa conviven tres generaciones de la misma familia, incluidas las dos menores de edad.
La portavoz del sindicato explicó que habían trabajado durante la semana para intentar frenar el desahucio y que no habían obtenido respuesta. Vinculó los primeros indicios de paralización con la convocatoria pública de apoyo.
La movilización continuó incluso después de que los agentes se marcharan. Los congregados anunciaron que permanecerían en el portal hasta recibir una comunicación oficial que aclarara si Patricia y su familia podían quedarse.
Sin esa notificación, la familia tampoco sabía si el lanzamiento había quedado aplazado para otra fecha. La mañana dejó una certeza inmediata, que las cuatro seguían en casa, y una pregunta abierta sobre el siguiente paso del procedimiento.
El desalojo previsto para este lunes terminó sin ejecutarse. Frente al portal de Iturribide, la espera se prolongó más allá de la retirada policial: el alivio de conservar la vivienda por el momento seguía ligado a una respuesta del juzgado.
